6024455000Modelo al desnudo
Es clara la necesidad sentida por el electorado de renovación del mundo político atenazado por la corrupción y la burocracia, de un cambio en las reglas del juego a favor de la transparencia y del ciudadano.
Lo que dicen los candidatos a la Presidencia es para creerles. Se pueden descartar los momentos de emoción en la plaza pública donde dicen cosas que la gente quiere oír aunque ambos, masas y políticos, sepan que son irrealizables. Pero el mensaje que van construyendo con situaciones particulares en todos los escenarios de la campaña sí dice mucho sobre su concepción del Estado, de la economía, del bienestar.
Lo que Colombia ha ido construyendo a través de muchos años es un Estado Social de Derecho, basado en la propiedad privada y en la libre empresa, bajo regulaciones estatales que establecen la función social de la propiedad, los derechos de la sociedad frente al individuo, la garantía del funcionamiento de la oferta y la demanda, los controles antimonopolios, las seguridades laborales y la protección del poder adquisitivo de la moneda.
A ese sistema se le pueden hacer infinidad de glosas. La principal de las cuales es su incapacidad para crear una sociedad más igualitaria, para incorporar al sector productivo a más ciudadanos, para extenderse a toda la Nación, pero si se mide por sus resultados en el tiempo ha sido exitoso. El acuerdo sobre lo fundamental en el campo político a través de los años ha sido corregir sus fallas y fortalecerlo y en ello los partidos políticos han desempeñado un papel protagónico en la medida en que han ido recogiendo e incorporando a la ley, las luchas sociales y las necesidades sentidas de la población sin el trauma institucional de una ruptura del sistema democrático y de la libre empresa.
Hasta hoy. Cuando Gustavo Petro anuncia que como Presidente de la República compraría una empresa productiva como Incauca para repartir sus tierras entre los campesinos, como solución inevitable a un problema de presión sobre la tierra de una comunidad étnica vecina, está socavando las bases del sistema económico, porque con ese argumento borra de un plumazo la función de la industria en la sociedad, la manera como se generan utilidades y empleo, como el sector productivo sostiene no sólo a quienes dependen directamente de él sino el nivel de prosperidad económica y de ingresos estatales. Un desmantelamiento de un trabajo de decenios.
Cuando dice que Ecopetrol, que es una empresa de capital mixto, es una industria extractiva que perjudica el medio ambiente y que debe cambiar de objeto social para producir energías limpias, lo que puede crear desde el gobierno es un pánico económico que afectaría la principal empresa del país, cuyos accionistas son miles. Y cuando dice que el futuro económico está en el campo, está retrocediendo 50 años en el proceso de industrialización y fortalecimiento del sector servicios del mundo moderno. Con esas propuestas deja su modelo económico al desnudo.
Es clara la necesidad sentida por el electorado de renovación del mundo político atenazado por la corrupción y la burocracia, de un cambio en las reglas del juego a favor de la transparencia y del ciudadano. Pero esa alternativa no es Gustavo Petro que quiere darle una patada al tablero del sistema mismo para establecer, a la manera de Venezuela, un Estado interventor, que desplaza la iniciativa privada y amenaza a todos los propietarios grandes y pequeños. La alternativa real, con una propuesta alejada del populismo, centrada en el ciudadano, en la libre empresa y en respeto por lo público, es Sergio Fajardo.
