Menores de edad

Un grupo de profesores de la Universidad de Salamanca, invitados por la Universidad del Valle y la Gobernación del Valle, estuvo en Cali y Bogotá dictando a altos funcionarios un curso sobre corrupción y buen gobierno. Y es que no hay otro instrumento mejor para detener la corrupción que el establecimiento por parte del gobierno de unas políticas, unos criterios y unos estándares de moralidad pública que la impidan. Como eso no ha existido en Colombia, donde los niveles de corrupción pública han escandalizado aún a los más insensibles, las relaciones entre el gobierno y sus funcionarios están institucionalmente basadas en una profunda desconfianza. Es por ello que se descentraliza en la ley y centraliza en la práctica; se crean entes autónomos y a renglón seguido se los controla hasta la exasperación; se predica la independencia de los funcionarios y se los somete a innumerables órganos de control. Es como si el buen gobierno, con sus responsabilidades y limpias ejecutorias fuera la teoría académica, y la Santa Inquisición fuera la práctica. De las organizaciones que tienen autonomía constitucional en Colombia, los casos de las Corporaciones Autónomas Regionales y de la Comisión Nacional de Televisión, les dan la razón a los inquisidores, pero cosa distinta sucede con el Banco de la República y las universidades públicas. Las CAR se descentralizaron en una ruta hacia el desbarajuste administrativo y la corrupción política; y nadie sabe a ciencia cierta para qué sirve la autonomía de la Comisión Nacional de Televisión, siempre bajo el control oficial. En cambio, el Banco de la República ha resistido los embates de control de los gobiernos, porque el principio de la autonomía de la política monetaria ha sido por fortuna más importante que el poder político. Lo de las universidades públicas es otra cosa. Oscilan en una franja gris entre la autonomía universitaria y la facultad de inspección y vigilancia del Gobierno, ambas de origen constitucional. Se rigen por el derecho privado, pueden darse su propia estructura administrativa, disponer de su presupuesto y establecer sus programas académicos. Pero cada paso de su actividad está controlado: están bajo la jurisdicción de los organismos que vigilan los recursos públicos, los programas académicos requieren de registro oficial, la asignación de nuevos recursos se condiciona al cumplimiento de indicadores oficiales y los recursos de investigación están sometidos a las prioridades oficiales en la materia. Todo ello debería llevar a una nueva definición del concepto de autonomía, orientado básicamente a la libertad de cátedra, la potestad de establecer su oferta académica y fortalecerla financieramente, y a la independencia del poder político en la designación de sus directivas.El actual proyecto gubernamental de reforma de la educación superior parecería orientado a restringir aún más la autonomía universitaria: aumenta el régimen de sanciones, condiciona los recursos públicos a bolsas concursables, privilegia la educación tecnológica y la inversión privada comercial en la educación superior, condiciona los recursos de investigación a las áreas de alta tecnología, y concentra el gobierno universitario en el Consejo Superior. En fin, acentúa un tratamiento de menores de edad a instituciones maduras. Y termina siendo, como lo decían los profesores de Salamanca, un reflejo más de la desconfianza del Estado en la capacidad de sus funcionarios de ejecutar un buen gobierno.