Cuentas cruzadas

En el debate sobre la reforma de la Ley 30, orgánica de la educación superior en Colombia, que tiene tantas aristas, el punto más afilado son las cuentas cruzadas entre el Gobierno y las universidades públicas, porque de ellas depende el futuro mismo de la educación superior pública. Las cuentas de las universidades públicas son más o menos así: las 32 que existen tienen hoy un presupuesto de $4 billones, de los cuales $2,2 aporta el Gobierno Nacional, cifra que se ha venido ajustando de acuerdo con el índice del costo de vida desde 1993. Esa suma es utilizada principalmente para pagar gastos de funcionamiento que han crecido muy por encima del costo de vida, porque desde esa fecha ha habido una notable transformación de las universidades públicas: han aumentado su cobertura, extendido sus programas, aumentado su complejidad académica y asumido obligaciones legales no presupuestadas por el Gobierno, especialmente los aumentos en la productividad académica de los docentes y en los aportes pensionales. Todo ello ha generado un faltante que se estima en $700.000 millones. El proyecto de ley que reforma ese sistema propone un reajuste adicional de 1% en 2012, 2% en 2013, y 3% entre el 2014 y el 2019. Lo que se requeriría es un reajuste del 35%, que no comprende nuevos desarrollos.Las cuentas el Gobierno Nacional son más o menos así: se ha cumplido con lo dispuesto en la Ley 30, indexando los presupuestos anuales, se ha incrementado el crédito educativo a través el Icetex, se han aumentado los recursos para investigación a través del Colciencias y ha habido recursos de inversión provenientes de estampillas departamentales, todo lo cual es rigurosamente cierto. La suma de esas cifras indica que los recursos estatales asignados a la educación superior se han incrementado desde 1998 en un 39%. ¿Cómo poner de acuerdo a las partes si el porcentaje que las universidades públicas alegan que les falta es parecido al porcentaje que el Gobierno alega haber dado de más?La realidad de esa contabilidad enfrentada es que las cuentas el Gobierno mezclan peras con manzanas. Importante que haya habido recursos de Colciencias, del Icetex, de estampillas, pero el hecho tozudo es que los recursos estatales nacionales para funcionamiento de las universidades públicas, han crecido en los últimos diez años estrictamente de acuerdo con el costo de vida y el faltante no se puede enjugar en teoría con partidas destinadas a otros propósitos, algunas de ellas en buena parte destinadas a las universidades privadas. De hecho, en desarrollo de la revolución educativa del gobierno anterior los recursos nacionales por estudiante para las universidades públicas se redujeron en cerca de un 50%, puesto que los estudiantes aumentaron en un 32%, atendidos con la misma platica, con un efecto negativo que es de suponer sobre la calidad académica, puesto que los profesores sólo aumentaron en un 2% en todo el sistema. Así que en esas cuentas cruzadas, que empiezan a parecer un duelo de espadachines, toca darles la razón a las universidades públicas que han venido generando sus propios recursos con el trabajo de sus docentes, hasta un límite que pone en peligro la función de enseñanza que les es propia, en un velado proceso de privatización. Toca pues empezar por sincerar las cuentas para encontrar un equilibrio financiero en algún punto intermedio de esas contabilidades encontradas, si se quiere que la universidad pública crezca en lugar de marchitarse.