Cárcel

“Si el Estado cumple su obligación de justicia, no hay ninguna norma en el derecho penal internacional que diga que deba haber privación de la libertad. Creer que la única sanción que equilibra el daño causado es la cárcel, es un concepto medieval”, dice Enrique Santiago, el abogado español que es principal asesor jurídico de las Farc en la mesa de La Habana, en entrevista para la revista Semana. Sus declaraciones tocan el punto central de la negociación, que es la participación en política de los dirigentes guerrilleros, sobre lo cual afirma con todas sus letras que si el propósito del acuerdo es meterlos a la cárcel o inhabilitarlos para intervenir en política, entonces no habrá acuerdo. Y sustenta su argumento de que no debe haber cárcel para los dirigentes diciendo que: “La insurgencia entiende que el Estado debe cumplir con su obligación de investigar y esclarecer; de perseguir y sancionar. El asunto es que hay muchas formas de cumplir con estas obligaciones. La Constitución colombiana establece en su artículo 66 transitorio un instrumento extrajudicial de investigación y sanción. En derecho, cuando la sanción se cumple, se extingue la responsabilidad penal”. En ello tiene razón. Es un concepto contrario al muy difundido por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, en el sentido de que debe haber una pena privativa de la libertad para los grandes crímenes. El asunto es más de carácter político que jurídico. La posición de la Fiscalía de la CPI, que no de la Corte misma, es un palo en la rueda de este y cualquier otro proceso de paz que se adelante en un mundo donde dicha Corte no ha tenido ni la jurisdicción reconocida ni la capacidad para juzgar a responsables de hechos atroces, no asumidos por las justicias nacionales. Si el Estado colombiano acuerda con las Farc un mecanismo de verdad, justicia y reparación, no privativo de la libertad de los responsables de hechos atroces, que sea aceptado por la comunidad internacional, la CPI no tendría nada que decir al respecto, porque el proceso interno sacaría el asunto de su jurisdicción, que es complementaria. Pero aceptar que esos grandes criminales participen en política sí es un hueso muy difícil de roer. Debería explorarse la posibilidad de un acuerdo que permita que no haya cárcel para los principales dirigentes, pero que tampoco participen en política electoral; es decir, que puedan orientar a sus líderes políticos preparados para ello, pero que ellos mismos no puedan ser elegidos. Pone el abogado español las cartas sobre la mesa: que las partes que negocian son iguales, que si hay cárcel para la guerrilla debe haberla para los responsables militares, civiles y políticos de la violencia, y que el mecanismo de sanción debe ser extrajudicial. Allí si no tiene razón y vuelve imposible cualquier acuerdo. El Estado tiene el monopolio y la legitimidad en el uso de la fuerza, representa la sociedad colombiana en su totalidad y lo que negocia es la incorporación política de un grupo insurgente marginal a cambio de no aniquilarlo, una de las dos cosas, lo que cueste y se demore menos. Esa es la realidad que deberían aceptar las Farc. Pero si la solución es negociada, debe haber verdad, justicia, reparación y no repetición, y no debería haber cárcel para los dirigentes sino penas alternativas a cambio de no participar en las elecciones. Esa es la realidad que debería aceptar el país.