Autopsia

Existe un país electoral formado por unas quince millones de personas, algo así como el 45% del censo electoral, que son los ciudadanos que usualmente votan en las elecciones nacionales. No son más. El resto es como si no existiera para efectos electorales. Ese grupo está formado por votos de opinión y votos movidos por la maquinaria política, éstos últimos cada día menos en lo que respecta a las elecciones presidenciales y menos aún en las consultas populares, referendos o plebiscitos. En la primera vuelta presidencial de 2014 votaron 13’209.561. En el plebiscito 12’341.383. En ese rango oscila el voto de opinión. Si se suman los votos por Juan Manuel Santos, Clara López y Enrique Peñalosa en la primera vuelta presidencial de 2014, en la que se supone no participó la maquinaria electoral de modo significativo, o sea, fue principalmente voto de opinión, esa suma da 6’325.371. La votación por el sí en el plebiscito del 2 de septiembre pasado, formada más o menos por esas mismas fuerzas, fue de 6’377.482 votos. Sumas casi idénticas. Como la votación por el plebiscito era una consulta sobre el proceso de paz, sobre el cual la opinión ya se había dividido por mitades en la campaña presidencial, ¿de dónde creyeron los avezados políticos y consejeros que iban a salir los votos de opinión para ganar de lejos el plebiscito? ¿Cuál era la necesidad de correr semejante riesgo si las facultades presidenciales permitían firmar los acuerdos sin ratificación popular y aprobarlos a través del Congreso, que representa al pueblo, donde la coalición de gobierno tiene las mayorías? ¿Por qué se ató la legalidad de los acuerdos al resultado del plebiscito cuando era una consulta política que había podido dejar el acuerdo intacto? La necesidad del plebiscito nace porque el Congreso no refleja la opinión pública mientras una consulta popular sí. Es por ello que el Centro Democrático tiene el 20% del Senado, que le sirve sólo para cantar bajo la ducha tonadas destempladas, pero puede reclamar el 50,2% del voto de opinión con el que ganó el No, después de haber logrado el 46,7% del voto en la segunda vuelta presidencial de 2014. Es decir, en el mundo político la coalición de gobierno tiene el 80% con el que ganó las mayorías parlamentarias y en la opinión pública el 49,8% con el que perdió el plebiscito. Los 53.894 votos de diferencia entre el No y el Sí no son lo importante. Lo esencial es que no se debió haber sometido al escrutinio popular un tema complejo ya zanjado en las urnas, que iba a ser una repetición de la campaña presidencial de 2014 con sus luces y sus sombras, como sucedió exactamente. Demasiadas palomas, publicidad sentimental y mala literatura. Y flaco conocimiento de las realidades políticas nacionales. El resultado de ese error, después de semejante esfuerzo, es que el poder queda en manos de la oposición política, que es la que ahora pone las condiciones. Un gran fracaso del mundo político dominante aunque se disfrace de oportunidad. Algo irá a salir de las conversaciones entre dirigentes que antes ni se dirigían la palabra. Pero en asuntos de orden público con quien había que ponerse de acuerdo era con las Farc, y el Gobierno Santos lo había conseguido con imaginación, método, energía y perseverancia. Para que después quedáramos en el aire, en animación suspendida, hasta quien sabe cuándo.