6024455000A cada quien lo suyo
Es esa y no otra la razón por la cual vivimos en una sociedad que explota de indignación, y así seguiremos hasta que esa razón no cambie.
No es tarea de los empresarios, grandes o pequeños, crear una sociedad más equitativa, aunque con su trabajo contribuyan a ello. Esa función le corresponde al Estado y es indelegable. La dura realidad del desempleo y la pobreza hace confundir esas fronteras. Cuando se ven grandes empresas prósperas, rodeadas de la miseria de su entorno, es tentador atribuir lo segundo a lo primero. ¿Cómo es posible que haya tanto bienestar rodeado de tantas necesidades? Las empresas de todos los tamaños son conscientes de que su prosperidad depende de la prosperidad general, para ser sostenibles en el tiempo y que es una buena idea extender su responsabilidad empresarial, cuyos límites son sus accionistas, sus empleados, sus proveedores, sus clientes, la comunidad donde opera, la protección del medio ambiente, el pago de impuestos, a espacios más amplios, como su participación en la solución de problemas sociales.
La creación de fundaciones sin ánimo de lucro con propósitos específicos, que ha sido una característica del gran empresariado vallecaucano, es un valioso aporte en esa dirección. En el fondo es una garantía de que recursos que hubieran podido formar parte del barril sin fondo de los impuestos, cumplan una efectiva función social. Otro mecanismo útil son las obras por impuestos, que pasan la responsabilidad estatal al sector privado. Pero, ese es un trabajo marginal y complementario. Ambas cosas son en el fondo expresión de una desconfianza frente al accionar del sector público, tan ineficiente y tan corrupto, que lleva a muchos a la idea de pensar que la solución de los problemas públicos debe estar en manos del sector privado, con los mecanismos y criterios del sector privado. Nada más equivocado. Todo cuánto nos sucede hoy en día es reflejo del mal manejo de lo público y la solución es corregir ese entuerto. Los estallidos sociales no son producto de las limitaciones de los empresarios sino de las equivocaciones de los gobernantes, incluyendo el modelo económico en que trabajan los primeros.
Sin las interferencias de la corrupción y la burocracia, los impuestos deberían ser el factor de igualación social. Quienes más tienen, empresas y rentistas, deben pagar más impuestos; y si el ingreso está muy concentrado, como sucede en casi todas partes por el mecanismo acumulativo de las rentas, pues esos pocos deben pagar mucho más. Lo que sucede en Colombia es para sentarse a llorar. Los que más tienen pagan muy poco, pues el sistema tributario grava las empresas, pero no en grado suficiente los dividendos que reciben sus accionistas, que son la gente más rica. El grueso de los contribuyentes son una minoría de personas naturales con las más altas rentas de trabajo, gravadas sin misericordia, mientras la mayoría de los trabajadores ni siquiera declaran. La evasión y la elusión tributaria están a la orden del día.
Lo peor es que el establecimiento de las prioridades de inversión de los impuestos, que no privilegian las necesidades más sentidas de la población, su ineficiente inversión, y la pura y llana corrupción, hacen que ese esfuerzo tributario de los ciudadanos y las empresas, no modifique en mucho la inequidad. En Colombia la gente es tan pobre antes como después de la inversión estatal de los impuestos. Es esa y no otra la razón por la cual vivimos en una sociedad que explota de indignación, y así seguiremos hasta que esa razón no cambie.
