Reforma a la Justicia

Personas del Gobierno y de la opinión pública insisten desde hace tiempo en la necesidad de reformar la Justicia, dentro de una gran polémica que, valga decir, no hace claridad respecto a qué se va a cambiar y con cuáles expectativas.Lo que se publica y comenta es que se pretende reformar las estructuras de la alta justicia, como los organigramas, los procesos de nombramiento, las interdependencias o independencias, las duraciones en los cargos, y una cantidad de aspectos, todo dentro de un enfrentamiento muy visible y estridente que le impide a la gente del común ponerse en contexto, como se dice coloquialmente.La discusión se aleja de lo que el común de las gentes espera que ocurra, y es tener una Justicia que le permita a la ciudadanía dirimir los conflictos entre ciudadanos y entre los ciudadanos y el Gobierno, dentro de las jurisdicciones de rigor y en tiempos razonables. Hasta ahora nadie sabe si la reforma propuesta producirá este efecto, dado que al común de las gentes le alcanza su capacidad de comprensión para visualizar que los más importantes elementos de eficiencia y eficacia de la Justicia no están en las estructuras de la alta justicia sino en una cantidad de factores de funcionalidad en la media y baja justicia.No se conoce que se hayan hecho estudios de tiempos y movimientos como se hacen en cualquier proceso industrial, comercial y de servicios, para determinar por qué los procesos se acumulan en fiscalías, juzgados y tribunales y se tornan eternos, así como por qué los procesos abreviados son todo menos breves, y por qué hay tanta dispendiosidad en los trámites. Si en otros países, de nuestra misma cuna colonial, se han hecho grandes avances en celeridad y en niveles de satisfacción con la Justicia, se ha logrado pronta y eficaz justicia, por qué no lo hemos conseguido aquí. El común de las gentes dice sarcásticamente que el Gobierno ha logrado bajar los índices de secuestro extorsivo, pero no ha podido avanzar en la disminución del secuestro judicial, consistente en el virtual aherrojamiento de la vida de un ciudadano, y por muchos años, como consecuencia de ser demandado o denunciado. Tan es así, que la amenaza de denuncia o demanda, que no debería atemorizar a ninguna persona de comportamiento normal, en nuestro medio es de un sobrecogedor aterrorizante. La conciliación, paso en el que se han puesto grandes expectativas de descongestión del aparato judicial y de liberación de la angustia procesal, no se sabe si es que no ha ayudado a descongestionar la Justicia o es que Colombia vive una avalancha de conflictos que terminan en fiscalías y juzgados.Solamente el estudio sugerido de eficiencia y eficacia industrial (del latín industriae que significa trabajo o desarrollo de potencial) nos lo podría decir, que, o no lo han hecho, o lo tienen guardado, que es lo mismo, pues no se conoce.Amigos juristas dicen que la reforma debe abarcar todos los componentes funcionales, como los códigos, principalmente los de procedimiento, y aspectos costumbristas, además de los requisitos de calificación profesional para quienes ejercen como funcionarios en el aparato judicial. Todo ello debe estar sobre el tapete. Lo que no se puede permitir es que la reforma sea simplemente dirimir una pelea entre personas principales, togadas o no, mientras la Justicia, uno de los componentes esenciales y transversales de la vida ciudadana, siga siendo un estorbo en vez del facilitador que es su razón de ser y existir, y ser respetada.