Pobreza por decreto

En no otra cosa se ha convertido el decreto que anualmente el gobierno firma ordenando el alza del salario mínimo. Este ritual se cumple a fin de cada año calendario para justificar las alzas que llueven a principios del siguiente, incluyendo las tarifas del gobierno (las multas ya se tasan en fracciones, enteros o múltiplos del salario mínimo).Previo a la expedición de tal decreto se produce una puja en la cual participan el gobierno, representantes de gremios, y de centrales de trabajadores (no participan activamente representantes de los pensionados, que son asalariados del sistema pensional), que centra su discusión en el aumento del IPC (el Índice de Precios al Consumidor) que presuntamente registra las alzas de los precios de toda la llamada canasta familiar, que se homóloga al índice de inflación, cifras en las cuales ya la población ha perdido toda confianza, pues a medida que el Dane las emite y el gobierno las cacarea como triunfo de su política económica (que cada vez es mas difícil saber cuál es) la gente las compara con las de su propio ‘dane personal’ (las cuentas de ingresos y egresos personales y familiares) y encuentra abismales diferencias cuando las evalúa a la luz de las necesidades reales de su vida integral.Repetitivamente se hacen diagnósticos respecto a la realidad del salario mínimo legal como instrumento para manejar la economía social, dado que ya se pregunta si el salario mínimo es un instrumento para ‘garantizar’ la supervivencia de quienes gozan de un empleo o uno de desarrollo del nivel de vida, cosa que no se logra sino pudiendo comprar mas cosas (¿educación?), con un superávit dosificado del ingreso que permita acceder al crédito (una dosificación del pago que obligatoriamente se tiene que sustentar en un ingreso mas allá del mínimo vital). Este aspecto es importante en una economía como la colombiana en la cual la falta de dinámica para generar empresa, de cualquier y toda magnitud y especialidad, que es la originadora y sustentadora de empleo, hace que quienes buscan un empleo sean muchos mas que los que el empresarismo nacional puede producir, cosa que hace que el salario mínimo se convierta en el salario ‘standard’. Cosa que cierra el círculo vicioso de que la gente no compra porque no tiene con que comprar, y el empresario no puede sostener su empresa porque no tiene quien le compre, entre otras cosas porque el poder adquisitivo nacional se lo está llevando el gobierno en impuestos.Infortunadamente cuando se trata el tema de la cuantía de la remuneración y su efecto en los costos de producción, se olvida Colombia de que lo que encarece la “obra de mano” en Colombia no son los costos laborales razonables sino los no laborales, muchos no razonables, consistentes en un cúmulo de obligaciones que los empresarios tienen que contribuir a entidades estatales o privadas o semiprivadas, cuya razón de ser ha dejado de existir, que le sobrecargan al empleador el valor de su nomina sin llegarle al trabajador (estas cargas espurias han sido objeto de estudio y recomendación de corrección al gobierno nacional por parte del Consejo Privado de Competitividad sin que hayan sido tomadas en cuenta por representar intereses queridos del gobierno, y este estudio, valga decirlo, fue el gran ausente en las discusiones sobre el salario mínimo, a pesar de que se hable del “IPC más productividad”.