Impuesto de Industria y Comercio

En Colombia existe desde hace tiempo un impuesto llamado de Industria y Comercio, que deben pagar a los municipios las personas naturales o jurídicas que se establezcan en su jurisdicción para poder ejercer su actividad empresarial. La creación de tal impuesto se justificó como una contribución de quienes ejerzan actividades lucrativas al tesoro público de la ciudad, donde lo hagan para proveerla con  fondos en aras de mejorar y promover las condiciones apropiadas para el ejercicio de tales actividades. Una virtual unión público-privada de retroalimentación en pro del desarrollo de las fuentes de trabajo, en la forma de un impuesto con destinación específica.Infortunadamente, en Colombia este impuesto, que ha sido objeto de muchas modificaciones de monto y forma que han hecho su manejo más costoso y enredado, se ha ido convirtiendo en un impuesto más, que no cumple su objetivo original porque se va a la caja única de los municipios, y se utiliza para cualquier y toda cosa que se le ocurra al ‘presupuesto’. Mucho más hoy que las necesidades politiqueras priman (hasta con tutela) sobre los propósitos más sensibles del desarrollo, como son los del empleo, en un perverso esquema de prioridades en las cuales se ha vuelto más importante mantener a los pobres en las figuras de la ilusión, que sacarlos de pobres mediante el estímulo a la generación de empleos, cuyos instrumentos son los ciudadanos que ponen negocios y con ellos hacen circular el dinero para  que la gente se pueda comprar con él el verdadero nivel de vida y no depender del asistencialismo politiquero o caer en la desesperación y comportamientos antisociales (se dice de quien no está en la sociedad y por ello está en su contra) (esto comprobado estadísticamente con un estudio serio de la relación pobreza-violencia en las comunas de Cali). Las ciudades modernas son  del común, y esa comunidad requiere de negocios que en su conjunto sean la fuente del modo de vida del mayor número posible de sus habitantes, y si hay un impuesto que deba proveer los recursos dinerarios para mejorar  la creación y el porvenir de los negocios, es a una dependencia especializada de la administración pública, medida por sus resultados en términos de  desarrollo empresarial-laboral, que esos dineros deben ir, y su uso  vigilado de acuerdo a un plan de desarrollo multifacético de la actividad generadora de empresa y empleo. De no ser así, el Impuesto de Industria y Comercio carece de fundamento y debe ser eliminado como un nocivo sobrecosto, en dinero y estorbo, a la competitividad de la ciudad. De hecho, con frecuencia algunas ciudades estimulan temporal y parcialmente a las empresas nacientes o arribantes con exoneraciones de tal impuesto.Como lograr la precisión del objetivo de la ley requeriría de un trámite congresional, le queda a la sabiduría y compromiso de alcaldes y concejales hacerla, mediante decisiones de destinación del recaudo de este impuesto a una dependencia que cumpla la obligación de promover activamente el desarrollo empresarial laboral  de la ciudad.