El salario mínimo

Vuelve y juega dentro del marco de la conformación de un escenario nacional de competitividad, a su vez dentro del marco de la globalización de la economía, la discusión respecto a si el salario mínimo es alto o bajo y si es un escollo para nuestro manejo de los tratados de libre comercio que el gobierno está firmando.Sea lo primero partir de la base de que en economía internacional competitiva todo es relativo pues la comparación entre factores se hace tomando en cuenta aspectos que no pueden ser absolutos, si el resultado que se espera es ganar compras externas en un concurso de ofertas en el cual el fiel de la balanza es la decisión de un cliente al cual no se le pueden imponer condicionamientos internos. Sin olvidar que el comercio internacional es en doble vía y nuestra producción corre peligro de ser desdeñada en nuestro mercado interno por las mejores ofertas del extranjero, cosa que ya hemos vivido y es parte de la crisis comercial mundial.Para analizar si nuestro salario mínimo es alto o bajo tenemos que examinarlo en dos contextos: el del empleador que lo paga, que dice que el costo laboral integral en Colombia es caro, y en el del empleado que lo recibe, que se queja de que no le alcanza, cosa que lo condena a la pobreza y demerita el mercado interno como contraparte mercantil con países cuyas compras nos interesan.El salario mínimo en Colombia está adicionado por una serie de recargos, algunos de los cuales corresponden a justificadas obligaciones de responsabilidad social y de trabajo decente, como los aportes para las pensiones; para los sistemas de salud ocupacional y de protección contra riesgos profesionales; vacaciones y cesantías, que mal se podrían suprimir sin demeritar la cohesión social alrededor del componente ‘trabajo’, pilar de la pertenencia y de la nacionalidad.Estos aportes justificados deben ser razonablemente proporcionados y estar libres de sobrecostos administrativos y desviaciones, y, por qué no decirlo, de latrocinios politiqueros.Paralelamente, hay que decir que la nómina no debe ser afectada por contribuciones que no tengan un resultado tangible y medible en la eficiencia y eficacia del desempeño industrial, pues se convierten en costos espurios. Es hora, de revisar cosas como los parafiscales en relación a su por qué y para qué actualizados. Igualmente deben desaparecer prebendas que sólo obedecen a la politiquería y sustentadas en leyes oportunistas. El más claro paradigma de hoy en el trabajo es que la ley no paga la nómina; la paga el rendimiento del negocio. Y que nadie en el exterior va a pagar más por un producto porque el país de origen tiene régimen laboral desbordado.Mucho peor es el imponderable costo contingente de conflictos laborales, hoy con visos penales, que amedrentan al empleador a comprometerse en un espacio en el cual tiene todas las obligaciones pero muy pocos derechos.Por el lado del empleado también hay quejas. El salario mínimo no alcanza para vivir porque la vida común está muy recargada por costos altos, por ejemplo los servicios básicos de ‘luz y agua’ y de transporte.Valga decir que muchos de los sobrecostos en el costo de vida popular provienen de imposiciones tributarias gubernamentales o de las ineficiencias e ineficacias administrativas. En una palabra, lo que hace que el costo laboral sea alto y la capacidad de compra sea baja no es del salario mínimo sino el costo del gobierno, que en más de una ocasión ha sido señalado como la gran carga de la producción nacional, a la par de otros costos no competitivos como los financieros y los causados por prácticas desleales de comercio y algunos trámites y sus costos en dinero y tiempo.