Decisión crucial

La decisión que se toma anualmente en Colombia en relación al monto del aumento del salario mínimo cobra este año particular importancia, pues no ocurre dentro de un marco confiable del referente dólar en el manejo de la economía social, ni del indicador del IPC (índice de precios al consumidor) sino que tiene lugar en una coyuntura de mucha gravedad, cual es el virtual ‘despiporre’ en que se encuentra la economía, que no se puede agravar quitándole a la población poder adquisitivo. En efecto, hay varios factores engañosos que han sido destapados por la caída del precio del petróleo y de otros productos exportables en que se había recostado nuestra economía, fenómeno inmanejable que está afectando al mundo y particularmente a nuestro vecindario.Así las cosas, la delicada decisión de en cuánto, y ahora también por cuánto tiempo, aumentar el salario mínimo ya no se puede hacer con perspectivas de barajas, sino que se debe hacer con una consciencia de coyunturas futuras manejables, pues ya ningún arúspice puede predecir qué va a pasar con el referente dólar, ni cómo se va a desenvolver la inflación, ni cómo va a afectar el IPC el aumento que se le hace a los pensionados, significativo bloque de la actividad económica, cuya mesada es un sueldo, con todas las características de este, ganado mediante los aportes hechos durante su vida laboral, que sufre las consecuencias demeritantes de un fallo de las Cortes mal entendido cuando resolvieron que ninguna pensión podía ser calculada con un referente menor al IPC (porque algunas entidades hasta de gobierno así lo hacían) limitándolo así como máximo, cercenando la equidad que debe tener el aumento de las pensiones con el aumento del salario mínimo.Lo peor que le puede pasar a Colombia en el próximo futuro es que el poder adquisitivo poblacional se disminuya pues todos los análisis de su posible manejo exigen que el vigoroso círculo virtuoso de la capacidad de compra y la producción sea el motor de la inclusión social (elemento central del post conflicto) al generar trabajo y empleo, utópicos sin el “con qué comprar”.Cosa distinta, y en esto es primordial que el gobierno, los empleadores y los empleados se pongan de acuerdo, es eliminar los costos no laborales disfrazados de laborales que no vayan clara e inequívocamente al beneficio mutuo del empleador y del empleado y de la productividad (que de un tiempo para acá se ha convertido en factor de mejora), y que en este momento son origen de freno a la contratación, o del cierre de empresas, por un absurdo concepto de la formalización empresarial-laboral que, claro hay que decirlo, en nuestro medio no consiste en el enmarcamiento del ejercicio empresarial en provechosas normatividades resultantes en eficiencia y productividad sino en cargas para sostener burocracias que cuestan impuestos, aportes y tarifas en esquemas obsoletos que no le aportan un centavo a la competitividad. Que la sabiduría acompañe las sesiones del salario mínimo.