No más torres Space

No más torres Space

Septiembre 28, 2014 - 12:00 a.m. Por: Mauricio Cabrera Galvis

Las impresionante imágenes de la demolición del edificio Space en Medellín deben ser el símbolo del final del todo vale en la construcción: ese estilo de hacer negocios de construcción buscando solo las mayores utilidades sacrificando la calidad, el medio ambiente y hasta la seguridad de los habitantes.Aunque la mayoría de los constructores en Colombia sí cumplen las normas de sismoresistencia y sus casas o edificios no presentan riesgo de derrumbe, la triste realidad es que muchos constructores, con la complicidad activa o pasiva de los curadores urbanos, no garantizan la calidad de las viviendas que venden o incumplen otras normas de uso del suelo, de límites de altura o de impacto sobre la movilidad urbana.Para controlar estas irregularidades y que no se repitan casos extremos como el del Space, el Gobierno presentó un proyecto de ley en el que se establece que es obligación de los constructores adquirir un seguro de vivienda nueva, se regula de manera más estricta la función de los curadores urbanos y se toman medidas para incrementar la seguridad de las edificaciones.El proyecto está bien concebido sobre todo porque revive un instrumento que puede servir para exigir el cumplimiento de las normas: la Certificación Técnica de Ocupación (CTO). Se trata de un certificado expedido por un supervisor independiente, quien verifica que se hayan cumplido todas las normas urbanísticas y de construcción. Sin este documento no se podrán escriturar las viviendas ni ocuparlas so pena de incurrir en multas de hasta 300 salarios mínimos.La intención del CTO es buena, pero podría ser más estricto y tener más dientes si además se exigiera que fuera requisito para la instalación de servicios públicos, como lo habían establecido los concejos municipales de Medellín y Bogotá. Siempre habrá caminos para no pagar las multas, pero nadie ocupa un apartamento sin agua ni energía.Sin embargo,  el expresidente de la confianza inversionista tumbó ese requisito con el decreto 1469 de 2010, cuyo artículo 53 prohibió explícitamente que se exigiera ese certificado como requisito para la conexión de servicios públicos. La nueva ley debe incluir expresamente la derogatoria de esa gabela a los constructores que permitió que en Medellín el 90 % de las urbanizaciones incumplieran al menos una norma urbanística según declaraciones de un exdirector de Planeación de esa ciudad.También en la nueva ley se debe derogar el artículo 7 del mismo decreto 1469 por medio del cual el gobierno nacional, de manera anticonstitucional,  se les metió al rancho a los municipios y debilitó los esfuerzos locales de mejorar la planeación urbana.Dice ese artículo que se pueden expedir licencias de construcción no con base en los POT vigentes sino “con base en las normas urbanísticas y que sirvieron de base para la expedición de la licencia de parcelación o urbanización”. Así, la confianza inversionista le dio otra gabela a propietarios de lotes y constructores que pudieron utilizar para sus proyectos normas urbanísticas anteriores más laxas, obteniendo una mayor plusvalía sobre el precio de la tierra.Como consecuencia de esta gabela, en ciudades como Bogotá una tercera parte del suelo urbano quedó por fuera del POT vigente, en las laderas de Cali se siguen autorizando construcciones de 12 pisos en contra del POT del 2000 que solo permite 5 pisos para prevenir riesgos ambientales, y en Medellín se dio licencia a edificaciones como el edificio Space. Para tener construcciones más seguras hay que corregir estas equivocaciones.

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