Las medidas de protección al empleo

¿Son efectivas las medidas que ha tomado el gobierno para enfrentar el impacto económico de la pandemia del Covid-19, en particular en lo que se refiere a la protección del empleo y el ingreso de la población? ¿Han sido suficientes y oportunas? ¿Se hubieran podido, o debido, tomar medidas adicionales?

Es complejo evaluar las políticas adoptadas frente a una crisis de características y magnitud sin precedentes; ningún país tiene en su historia reciente parámetros para medirlas. Lo que sí es posible es la comparación entre lo que han hecho los diferentes países para no emitir juicios basados en modelos teóricos sino en realidades y experiencias prácticas.

En general se puede afirmar que las medidas adoptadas en Colombia han sido acertadas y van en la dirección correcta: primero ayudas a los más pobres, luego a los informales y vulnerables y finalmente a los empleados formales, junto con apoyos crediticios a las empresas. Sin embargo también se debe decir que han sido insuficientes y, en algunos casos tardías.

En cuanto a la magnitud de la intervención del Estado para conjurar la crisis, Colombia está muy rezagada frente a lo que han hecho otros países. Como informó el diario Portafolio el estímulo fiscal colombiano llegará a 2,8% del PIB, muy lejos de algunas naciones europeas que han dedicado más del 20% de su PIB, o Estados Unidos con el 13%.

Pero no solo los países desarrollados. En nuestro vecindario, en Perú el paquete fiscal anticrisis llegará al 12%, en Brasil al 9,5% en Chile al 6,6% y en Argentina a 5,6%. Y todo financiado con mayor deuda pública. El famoso gradualismo colombiano, que ha dado buenos resultados en otros campos, en este caso no parece ser la receta adecuada.

Por esta inoportuna prudencia fiscal el monto de las ayudas ha sido exiguo e insuficiente. Para los más pobres que perdieron todos sus ingresos al no poder salir a las calles a rebuscarlo, los $160.000 mensuales que se adicionaron a Familias en acción, tan solo compensa una pequeña parte que no alcanza para cubrir sus necesidades básicas.

Lo mismo sucede con el programa de Ingreso Solidario, destinado a los informales no cubiertos con otros subsidios estatales a los que asignaron $240.000 para tres meses. Es una lástima que un programa tan novedoso y bien diseñado por el DNP aporte una suma tan pequeña que no alcanza ni para el mercado.

En cuanto a la protección al empleo formal (Paef), además del monto tan pequeño ($350.000 por empleado), tiene otros dos problemas. El primero, que se anunció muy tarde casi dos meses después de iniciada la crisis, cuando ya muchas empresas habían tenido que recortar la nómina o suspender contratos de trabajo, de manera que esos desempleados ya no reciben el subsidio. Hay que recordar que desde finales de marzo varios analistas y académicos plantearon que este subsidio debería ser por lo menos de un salario mínimo.

El segundo inconveniente del Paef es que estableció un límite demasiado bajo para clasificar: solo una reducción de 20% en sus ingresos. Una empresa que logró el 80% de sus ingresos normales, tiene con qué pagar la nómina, así tenga que hacer algunos recortes en otros gastos. La fórmula adecuada hubiera sido un punto de corte más alto (por ejemplo, reducción de ingresos del 40%) y un pago de un SMLV por cada trabajador).