La intervención de las CAR

La estructura de las actuales Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) es un burdo adefesio que nos dejó la Ley 99 de 1993. Mejor dicho, es el peaje que cobró la politiquería de esa época para aprobar la creación del hoy desaparecido Ministerio del Medio Ambiente y del Sistema Nacional Ambiental, junto con las normas básicas de la política ambiental colombiana.Las CAR fueron una excelente idea. Su inspiración fue la Tennessee Valley Authority creada en 1933 por el presidente Roosevelt para el manejo integrado de todos los recursos naturales de la cuenca del río Tennessee. Siguiendo este modelo se creó en Colombia en 1954 la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC) no sólo para que controlara las inundaciones del río Cauca, sino para que garantizara la conservación de los recursos de la cuenca y aprovechara sus aguas para usos productivos como riego y generación hidroeléctrica.En los 20 años siguientes se crearon en el país otras 17 CAR que no tenían un alcance tan ambicioso como la CVC, pues no incluían el componente eléctrico, pero sí conservaban el objetivo del manejo integrado de recursos de las respectivas cuencas hidrográficas.En 1993 empezó la debacle. En la Ley 99 se mantenía el principio de que las CAR tenían jurisdicción sobre territorios que conformaban un ecosistema o tenían unidad hidrogeográfica. Pero la politiquería pudo más que los principios ambientales, y en la misma ley se crearon otras 15 entidades y en la práctica tanto las antiguas como las nuevas quedaron asimiladas al territorio de los departamentos, rompiendo la unidad de las cuencas hidrográficas.También en esa ley se quiso ampliar la participación democrática en el gobierno de las CAR y se incluyó en sus consejos directivos a alcaldes y representantes de la sociedad civil; estas buenas intenciones se frustraron y lo que sucedió fue que la mayoría de las 33 CAR, incluyendo la emblemática CVC, quedaron sujetas a la rapiña burocrática y clientelista de los políticos locales que se las tomaron, en algunos casos con el apoyo de los parapolíticos, y las convirtieron en fortines para saquear los recursos públicos y consolidar sus estrategias electorales.Un dato histórico que conviene recordar es que en el 2002 el entonces candidato Álvaro Uribe denunció esta corrupción e incluyó en el numeral 64 de su programa de 100 puntos el objetivo de “eliminar la politiquería en las corporaciones ambientales”; otra promesa que tampoco cumplió pues en sus mandatos se empeoró la situación hasta llegar al desastre que se puso en evidencia con el pésimo manejo de la emergencia invernal.Ahora el gobierno Santos sí decidió tomar el toro por las cachos y ha expedido un decreto para intervenir las CAR y sacar de ellas, de manera inmediata, las administraciones corruptas o ineficientes y, sobre todo, cambiar la composición de sus juntas directivas para protegerlas del influjo de la politiquería y el clientelismo.Parece que el propósito inicial del Gobierno era liquidar las 33 corporaciones y crear en su lugar 16 entidades configuradas alrededor de cuencas hidrográficas, y no de los límites políticos de los departamentos. Por razones jurídicas no fue posible esta transformación radical, pero lo que se ha hecho es un acertado primer paso que ojalá sea complementado con un proyecto de ley para que el Congreso apruebe la reconversión de las CAR y vuelvan a su propósito original del manejo integrado de cuencas hidrográficas.El caso de la CVC requiere un tratamiento especial pues es la única corporación que tiene un importante patrimonio propio, cercano al billón de pesos, originado en la venta de su componente eléctrico. Este patrimonio debe ser escindido para crear una agencia de desarrollo regional, también blindada de la politiquería local, y dejar por otro lado una CAR como las demás del país, dedicada al manejo ambiental de la cuenca alta del río Cauca.