Justicia como negocio

Justicia como negocio

Enero 13, 2019 - 06:25 a.m. Por: Mauricio Cabrera Galvis

Más que sorpresa o asombro, produce rabia y desconsuelo ver salir de la cárcel a los Nule y compañía, responsables del cartel de la contratación sin haber cumplido las penas que les impusieron los jueces, ni haber devuelto nada de los miles de millones que se robaron de los recursos públicos.

Son muchas las noticias parecidas que producen la misma reacción: narcotraficantes confesos y convictos que después de unos pocos años en prisión salen a disfrutar sus fortunas mal habidas; directivos de Odebrecht que quedan exonerados de toda culpa a cambio de una leve multa, irrisoria en comparación con el tamaño de los multimillonarios contratos que lograron con coimas.

En ocasiones la situación es todavía más paradójica, pues los delincuentes logran convertirse en víctimas y pretenden que el Estado les pague lo que no se pudieron ganar con sus corruptas maniobras. Los mismos Nule reclamándole a Bogotá $24.000 millones por haberle quitado el contrato de la construcción de la Calle 26; es Odebrecht demandando al Estado por los intereses de su inversión en la Ruta del Sol y las utilidades esperadas en ese chanchullo.

¿Qué está fallando en la Justicia, que permite estas aberraciones? Las posibles respuestas: a) los jueces que otorgan los beneficios; b) los fiscales que no aportan todas las pruebas; c) el sistema acusatorio que permite acuerdos leoninos; d) las leyes que autorizaron los beneficios judiciales; e) todas las anteriores, a las que habría que añadir la complicidad de una sociedad permisiva que aplaude la cultura del dinero fácil.

Corresponde a los penalistas analizar por qué se ha llegado a esta distorsión de la Justicia y proponer los correctivos necesarios. Para el ciudadano de la calle lo único claro es que la Justicia se ha convertido en un negocio donde la mano de la noble dama con los ojos vendados ya no sostiene en su mano la balanza para decidir, sino que la extiende para negociar sus fallos a cambio de lo que le ofrezcan los delincuentes.

Porque es un excelente negocio robarse millones de pesos de recursos públicos, lograr una rebaja de la condena por reconocer el delito (“allanarse a los cargos”, en el argot penal), y luego reducirlas aún más por ‘buen comportamiento’, y no tener que devolver un peso, de manera que después de unos pocos años en la cárcel, o mejor en detención domiciliaria, se sale a disfrutar de lo robado.

No se trata de abogar por una Justicia de castigo o venganza porque esta tampoco sirve como en el caso de los sicarios que pagaron su condena sin arrepentirse de uno solo de los centenares de asesinatos que cometieron, ni reparar a sus víctimas, y salen de la cárcel a ufanarse de su pasado. El objetivo debe ser demostrar que el crimen no paga, que no se pueden usufructuar las fortunas obtenidas con la corrupción y que las víctimas deben ser reparadas.

La propuesta de un lego es simple: no debe haber ningún beneficio judicial a los corruptos hasta que no devuelvan la plata que se apropiaron.

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Coletilla.
Para evitar otro premio a los corruptos, la Corte Constitucional debe resolver pronto una demanda contra el artículo 20 de la Ley 1882 de 2018, el cual permitiría a contratistas como Odebrecht cobrar hasta intereses por los dineros invertidos en contratos declarados nulos por corrupción.

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