Del Estado ejecutor al contratista

La corrupción en Colombia no sólo dio un salto cuantitativo con el aumento impresionante del robo de recursos públicos en la mayoría de las entidades estatales durante el pasado gobierno, sino que también tuvo un cambio cualitativo en la forma como se hacen esos desfalcos.Este cambio en las formas de corrupción tiene mucho que ver con el cambio en el modelo de Estado, que de ser ejecutor y proveedor directo de servicios pasó a contratar la prestación de muchos de sus servicios o a darlos en concesión.Cuando el Estado era el gran empleador y participaba directamente en muchas áreas de la actividad económica, el objetivo de los corruptos que buscaban capturar el Estado era apropiarse de los nombramientos en los puestos públicos y lograr beneficiarse de las regulaciones económicas que les permitieran generar rentas monopólicas.Esas formas de corrupción subsisten en el nuevo modelo que desde los años 80 ha buscado reducir la intervención directa del Estado, pero ya no son las más relevantes puesto que ahora la mayor cuantía de recursos públicos se asigna mediante contratos y los corruptos han entendido que es en la captura de la contratación estatal donde tienen la gran oportunidad de medrar y hacer fortuna.A la transformación del Estado de ejecutor en contratista hay que añadirle los efectos de la descentralización fiscal y administrativa que llevó a que buena parte de los recursos que antes manejaba el Gobierno Central hoy sean repartidos mediante contratos realizados por los departamentos y municipios, sin que se hayan fortalecido los entes de control territoriales. Los caciques políticos regionales y las organizaciones criminales encontraron en la contratación regional una enorme fuente de recursos para sus actividades.El informe final del saliente Auditor General de la República trae unas cifras impresionantes sobre la contratación estatal que demuestran por qué es un terreno abonado para que aumente la corrupción. Según el informe, entre noviembre de 2009 y febrero de 2011 los entes territoriales suscribieron 852.143 contratos. Es evidente que esta cantidad excede con mucho la capacidad de vigilancia y control de las 63 contralorías territoriales.El 55% de estos contratos (433.146) fue de prestación de servicios, de los cuales 156.013 se hicieron con personas naturales. La aparente reducción del tamaño del Estado es una falacia, pues los empleados de planta han sido reemplazados por enormes nóminas paralelas con contratos de trabajo temporales.Otro dato aterrador es que el 60% de los contratos se asignaron por contratación directa, modalidad de contratación que creció 74% en el último año. También se han generalizado los convenios interadministrativos y los contratos con fundaciones, universidades y cooperativas, que en el período considerado suman $6.5 billones.Los riesgos fiscales de esta explosión de contratos son enormes. Según el informe hay $26 billones de recursos públicos en riesgo, debido a que “La contratación regional está en cabeza de 5.700 ordenadores de gasto sin adecuados controles, sin adecuados instrumentos de intervención en casos de riesgo y con recursos millonarios a su arbitrio, liberalidad y ligereza”.El modelo del Estado contratista no parece tener vuelta atrás. Entonces lo que se requiere es fortalecer la capacidad de los entes de control, reformar a fondo las contralorías regionales, pero, sobre todo, como dice el Auditor, “es evidente la necesidad de ir hacia una nueva política de Estado en materia de contratación, que exige un cambio de concepción en la relación contractual con los particulares, donde el interés público sea ganador”.