6024455000Los ‘vivos bobos’ de Cartagena
El último adefesio que obligó al Ministerio de Cultura a intervenir es el proyecto de La Serrezuela, levantado en las ruinas del suntuoso circo teatro de madera construido en los años 30 y que ya la familia Vélez Daníes había dejado caer en pedazos
El último adefesio que obligó al Ministerio de Cultura a intervenir es el proyecto de La Serrezuela, levantado en las ruinas del suntuoso circo teatro de madera construido en los años 30 y que ya la familia Vélez Daníes había dejado caer en pedazos. Aquello que hace tres años fue presentado con bombos y platillos como un proyecto de recuperación liderado arquitectónicamente por Álvaro Barrera, respaldado por 10 firmas y 250 inversionistas en sus aspiraciones comerciales fue tomando dimensiones desproporcionadas violando las reglamentaciones de uso y una altura que rebasa con creces la de la emblemática muralla. Amparados en una licencia aprobada por la oficina de patrimonio cultural en el 2014, la codicia desbocó una vez más a los constructores y vincularon tres edificaciones colindantes armando una mole que atropella la visual sobre la ciudad amurallada.
Algo similar están haciendo también en otro punto, tres jóvenes arquitectos paisas con el proyecto Aquraella con cuatro torres de 30 pisos cada una para apartamentos de vivienda social en el barrio Torrices que sepulta visualmente el Castillo de San Felipe. De nuevo el Ministerio en cabeza de Mariana Garcés, a quien le ha tocado convertirse en una especie de policía urbana, está dando la pelea, esta vez de la mano de la Procuraduría, para intentar atajar esta catástrofe urbanística cuyos permisos fueron conseguidos de manera cuestionable en la oficina de Planeación de Cartagena.
¿Pero no son acaso los cartageneros los llamados a defender su ciudad? Y defenderla de la voracidad de los desarrolladores urbanos, la mayoría de ellos del interior?
Las autoridades locales son francamente lamentables pero los dirigentes del sector privado tampoco son ejemplares en su comportamiento ciudadano. Los intereses políticos y económicos no han permitido la aprobación de un Plan de manejo y protección del centro histórico, una herramienta que tendría los dientes para poder ser impositiva en la reglamentación de las construcciones y poder atajar a los avivatos. El rosario de pésimos alcaldes, con una oficina de Planeación asolada por la corrupción y unos curadores conniventes que otorgan licencias a diestra y siniestra donde priman los intereses individuales de constructores y promotores sobre el bien colectivo ha producido un desmadre urbano que puede terminar arrebatándole a Cartagena su estatus de Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad otorgado por la Unesco hace más de 30 años. El riesgo es alto y el semáforo rojo está encendido. Una decisión que resultaría catastrófica y que comprometería seriamente el futuro de Cartagena, donde ya no cabe un edificio más.
Su valor no está exactamente en la playa sino en su riqueza patrimonial y ni siquiera en los monumentos históricos individuales sino en el conjunto armónico que conforma el centro histórico dentro de la muralla. Las nuevas construcciones están por fuera de ésta pero las alturas y el volumen de las edificaciones terminan convertidas en muros visuales que entierran la ciudad violando los protocolos de conservación urbanística.
La angurria y la ambición de quienes ven allí solo un botín de oportunidades pueden estar haciendo de vivos bobos y estar destruyendo la joya de la corona, lo que sería un triste final para la entrañable Cartagena.
