Las trampas de la Sagrada Familia

Pasar por el emblemático y querido parque de El Peñón en el corazón del barrio da tristeza y rabia. El imponente colegio, con su arquitectura republicana, que estuvo en pie exteriormente intacto cien años, enmarcaba de manera armónica ese grato rincón de Cali. Debía preservase como un bien de interés público con valor patrimonial que obligaba una renovación respetuosa que enalteciera el edificio al tiempo de aprovecharlo para su nuevo uso comercial. Esa era la idea inicial del proyecto del diseñador industrial Jerónimo Jiménez a través de la constructora Jero S.A.S., de la que es director y representante legal.

La promesa inicial que transmitía con entusiasmo no solamente el representante de la constructora sino la arquitecta Fabiola Aguirre, la promotora comercial, quien además tenía en su haber su experiencia como directora de Planeación de Cali que le daba el conocimiento de las normas urbanísticas para la preservación patrimonial. Cali además de un gran hotel, tendría un espacio lúdico y cultural tan esmerado que iba a ser incluido por la cadena Small Luxury Hotels.

Todo sonaba promisorio hasta que apareció la trampa. En la parte trasera del edificación empezó a asomarse una gran estructura que soportaría una torre que ya no tendría un remate en diagonal a la altura aprobada en los planos originales, que respetaban la visual del edificio a la distancia; sino un significativo aumento en el volumen. Las promocionadas “44 suites iniciales, con un atrio gourmet, un espacio para arte y cultura, un gimnasio, spa y bolera para compartir con la familia y los amigos”, se había trasformado sigilosamente sin el conocimiento previo de las autoridades de la ciudad, en un Centro comercial con 30 locales, 2 salas de cine y supermercado montado en una gran torre con un pequeño hotel estilo republicano anexo.

Los constructores habían encontrado la manera de hacerle el esguince a la norma para multiplicar el número de locales comerciales, e incluso, de acuerdo a la visita de inspección de Planeación habían incluso profundizado la excavación autorizada para ampliar la capacidad de los parqueaderos en los sótanos. El plano original y los estudios aprobados eran otra cosa.

La Constructora Jero S.A.S. Promotores aplicaron la lógica del hecho cumplido en su intento por hacer irreversible la obra. Pero aparecieron dos templadas funcionarias públicas decididas a hacer cumplir la norma y defender los derechos de los ciudadanos: la directora de Planeación municipal, María Mercedes Romero, y Luz Adriana Betancur, la Secretaria de Cultura, responsable desde la reforma administrativa para la preservación de patrimonio. Con el respaldo del alcalde Maurice Armitage frenaron la obra buscando que regrese al proyecto original. Antes de enmendar, la respuesta fue una demanda de $40 mil millones contra los funcionarios y el Municipio. Mientras, los caleños tendremos que soportarnos un elefante blanco hasta que se resuelve el litigio.

Sin ahondar en los detalles de éste, lo que más rabia da es la trampa. El atajo, el esguince para evadir la norma en beneficio propio sacrificando el interés público. Con un solo propósito: obtener mayores beneficios económicos. Y es precisamente comportamientos como éstos, en lo pequeño y en lo grande, son los que tienen a Colombia al borde del abismo. Por decir lo menos.

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