El precio de la reelección

La audacia de dos reporteros de la revista Cambio le abrió, hace dos años, la ruta a la justicia en el caso de Agro Ingreso Seguro. El principal implicado Andrés Felipe Arias, con una arrogancia indescriptible hizo entonces mofa tanto del trabajo de investigación periodística como de los primeros pasos que dio la Justicia. Sentía que la protección del presidente Uribe lo colocaba por encima del bien y mal. Están vivas las imágenes de sus risotadas cargadas de complicidad y cinismo con su amigote el entonces Andrés Fernández, a la salida del Congreso, cuando gracias a la obediente y abyecta coalición uribista, le evitaron la moción de censura al ministro. Pero los hechos resultaron tozudos. Aquello que los dos periodistas de Cambio, Harold Abueta y José María Reverón descubrieron en ese 29 de septiembre de 2009, fue un indicio cierto de lo que estaba ocurriendo: la manipulación de los millonarios recursos destinados a apoyar campesinos para dirigirlos mejor, a favorecer grandes agricultores amigos del gobierno y de la eventual candidatura presidencial de Arias. La fiscal Vivianne Morales en la audiencia de imputación de cargos no sólo avaló sino que sustentó penalmente la información periodística y acusó al exministro del delito de apropiación ilícita de recursos públicos para favorecer a terceros por $17.000 millones y de la celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Delitos que pueden darle hasta 10 años de cárcel. Sin este acucioso trabajo periodístico nunca el país se habría dado cuenta de la manera como el Ejecutivo utilizaba el poder para perpetuarse. Sucedió con Agro Ingreso Seguro, pero también con la ‘Yidispolítica’ que enredó judicialmente al exministro Sabas Pretelt y forzó su renuncia a la embajada en Roma, y con el reparto de las notarias para lograr votos en el Congreso para tramitar la reelección y fue sin duda la motivación última para ordenar las chuzadas que realizó el DAS a las comunicaciones de magistrados y miembros de la oposición para buscar inhabilitarlos en su accionar profesional.En el caso de AIS, el ejercicio del poder fue más lejos. La ira gubernamental se hizo sentir frente a la revista Cambio. Después de publicar el tercer informe a comienzos de 2010, los directivos de El Tiempo, propietario de la revista, resolvieron cerrarla, arguyendo razones financieras. Las suspicacias no se hicieron esperar y se hizo presente la estrecha relación existente entre los nuevos propietarios, los españoles de Editorial Planeta y el gobierno de Uribe, especialmente su cercanía con el asesor presidencial José Obdulio Gaviria.La Corte Constitucional, felizmente para la democracia, tumbó la posibilidad de esa y las futuras segundas reelecciones, pero el daño aún lo estamos padeciendo. Las huellas del poder corruptor quedaron marcadas en cada uno de los escándalos que se destapan cotidianamente, tiene el mismo origen. No hay cómo agradecerle a Noemi Sanin, el haber logrado atajar la aspiración presidencial de Uribito, quien de haber conseguido ser candidato conservador, desbocado por la ambición que ha mostrado con creces, nos habría llevado, arropado por el poder presidencial, a un desbarrancadero.