El derecho de no querer matar

Un impresionante relato de María José Montoya, titulado Batidas, publicado en el portal Las2orillas, revela al detalle la arbitrariedad con que el Ejército recluta a la fuerza muchachos pobres y despistados en los barrios populares y en las veredas de Colombia. Se trataba en este caso, del hijo de la empleada del servicio de la casa que describe la angustia de Suger, una mujer campesina que a su vez llegó a Bogotá desplazada de la Costa a rehacer la vida con su muchacho, Edner Martínez quien a sus 20 años quedó atrapado en la redada y terminó la noche en la Escuela de Artillería de Usme, aislado y sin poderse comunicar con sus papás. A Edner lo subieron a un camión con todo y bicicleta y permaneció un buen tiempo desaparecido. Su miedo a denunciar el atropello, la arbitrariedad, el mal trato y luego la decisión de enviarlo a Puerto Carreño, un lugar lejanísimo que a Suger le suena cercano a la luna. Solo sabe que allá su muchacho correrá peligro y que empuñará una de las armas a las que tanto les han temido, tal vez porque vieron matar a muchos en su pueblo. Pero Edner no es la excepción. Así sucede dos veces al año hasta completar la meta de reclutamiento de 20.000 jóvenes cada año. No importan de quién se trate y mucho menos las convicciones. Una decisión desde el poder en contravía a la tendencia en el mundo de no querer que la gente se siga matando. Los jóvenes no quieren disparar, ni engrosar las filas de ningún ejercito manejado por gobiernos sin legitimidad cuyas móviles cada día son menos claros. Hasta en países belicista como Estados Unidos la opinión publica se opone a la presidencial de invadir Siria y provocar una nueva guerra. En Colombia ocurre algo parecido. Los jóvenes arrasan en las encuestas en favor de encontrarle salida a un conflicto que les pertenece para tener la oportunidad de vivir en un país con una paz que desconocen. Paradójicamente son ellos quienes más muertos ponen. De allí la fuerza que ha adquirido el movimiento de objetores de conciencia. Prefieren el castigo y el calabozo cuando ya han sido reclutados o soportar la sanción social y laboral que significa ser remiso antes que empuñar un arma, convencidos de que vale la pena respetar el Quinto mandamiento: No matarás. Amparados en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que defiende el derecho a no actuar contra los dictados de la propia conciencia, se han organizado en el movimiento Quinto mandamiento. “A uno no lo pueden obligar a matar”, dice John Davis Arias, unos de sus líderes en Barrancabermeja, con la misma fuerza con que lleva diez años luchando por evitar el servicio militar obligatorio. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas acepta la objeción de conciencia como una “forma legítima de ejercer el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”. El remolino legislativo se tragó un Proyecto de Ley de la senadora Gloria Inés Ramírez que buscaba regular esta opción de vida y abrirle espacio al servicio social sustituto, que muy seguramente los jóvenes harían con entusiasmo y vigor, como alternativa a disparar el fusil. Entre tanto Suger solo espera poder volver a abrazar a su muchacho.