Coca, la amenaza mayor

Es evidente. La violencia desbocada y la sinsalida que atraviesa la crisis de Tumaco tiene nombre: coca.

Coca y narcos. Más de 26.000 hectáreas sembradas con cultivadores campesinos y grandes capos articulados al Cartel de Sinaloa que termina en el mercado de Estados Unidos alimentando la creciente oferta del consumo norteamericano. El mapa aéreo de Nariño y el Ecuador muestra algo dramático: una frontera colombiana plagada de coca mientras un territorio ecuatoriano cultivada de palma y cacao. La conclusión es clara: las autoridades nacionales siguen sin hacer presencia en la región ni logran controlar el tráfico en volúmenes astronómicos de cocaína que sale por las costas de Tumaco.

Además de su inutilidad como lo demuestran cifras y estudios y la prohibición de la Corte Constitucional, la fumigación con glifosato quedó enterrada como opción punitiva. De ahí el camino que busca el Gobierno desde la oficina del ministro del posconflicto Rafael Pardo y que adquirió tono mayor con la firma del acuerdo de paz con las Farc: la sustitución voluntaria de los cultivos para que los campesinos logren una reconversión productiva de sus vidas. Este es claro un programa exclusivo para los cultivadores pequeños que los capos de los cultivos industriales buscan sabotear con plata y bala. La complejidad de la situación ha empujado al Gobierno a aplicar la política de garrote y zanahoria -erradicación forzada de las grandes extensiones y sustitución voluntaria- hasta ahora sin los mejores resultados.

Hace unos meses se había conseguido la firma del pacto de sustitución con 1000 familias cocaleras y se empezaba el trabajo, cuando ocurrió el trágico episodio del pasado 5 de octubre: policías disparándoles a una manifestación de civiles que dejó siete muertos y decenas de heridos. El hecho puso de manifiesto que no basta firmar ni acuerdos de papel y que lo duro viene después. Ciertamente la intervención efectiva del Gobierno en este territorio que prometía ser piloto, está en pañales. Los recursos aprobados para sustitución por hectárea fueron proyectados en zonas sin la productividad de Tumaco, con lo cual los campesinos no se siente compensados, pero algo peor, el dinero no llega, ni los paquetes tecnológicos, ni la capacitación, ni las alternativas de comercialización. Y de paso, la Policía antinarcóticos actúa erráticamente sin diferenciar grandes capos de pequeños cultivadores. Lo cierto es que la gente simplemente no le cree al gobierno de Juan Manuel Santos.

Los consumidores de cocaína en Estados Unidos van en aumento, con cifras que se acercan al 25% con lo cual, cualquier lucha en Colombia se vuelve casi vana frente a una demanda creciente que dinamiza la oferta. Replegadas de las Farc, ha quedado la coca y la guerra por estos mercados es la que ahora pone las muertes violentas, llevándose por delante con especial saña a aquellos líderes sociales que como José Jair Cortés le apuestan a la sustitución.

Negar el papel central y en buena medida decisorio que alcanzó el narcotráfico en nuestra violencia crónica, es pretender tapar el sol con las manos. El punto es claro: mientras subsista y aún crezca el narconegocio, la paz en Colombia estará asentada en arenas movedizas; paz y narcotráfico son realidades que se excluyen y colocan al país en un desesperanzador escenario.

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