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Teléfono rojo

La relación entre el gobierno colombiano y la dictadura bolivariana se hace cada vez mas compleja y tendrá un punto de quiebre el próximo 10 de enero

2 de enero de 2019 Por: Marcos Peckel

La relación entre el gobierno colombiano y la dictadura bolivariana se hace cada vez mas compleja y tendrá un punto de quiebre el próximo 10 de enero cuando con base en las decisiones tomadas por el grupo de Lima, Bogotá desconozca el nuevo gobierno de Maduro, elegido contra toda legitimidad y profundizando el ya roto hilo constitucional venezolano.

Hay que recordar que las últimas elecciones presidenciales fueron cobijadas por la espuria Asamblea Nacional Constituyente, cuerpo fantasma creado por Maduro y sus cómplices para enterrar la poco que quedaba de la legitima Asamblea Nacional elegida en 2016, en la que la oposición había logrado una amplia mayoría que ya había sido mermada por el Tribunal Supremo de Justicia, tribunal supremo de la ‘cosa nostra’ podría llamársele, un ente alejado de la justicia, arrodillado al chavismo y que opera por instrucciones de los Diosdados. En esas elecciones de mayo pasado el Consejo Nacional Electoral, otro apéndice de la dictadura, violando las leyes fundamentales de la aritmética le había otorgado un amplio triunfo a Maduro, con muchos más votos que electores en las urnas, para un nuevo término el cual comienza el próximo 10 de enero.

El sainete de mayo le hizo entender a la población de Venezuela que por ahora no había esperanza de cambio y para muchos, millones, la solución a sus penurias está en el exilio. En consecuencia, se aceleró el éxodo de proporciones bíblicas de venezolanos a otras latitudes, especialmente Colombia donde buscan reconstruir sus vidas y crear un futuro para sus familias.

Colombia esta actuando en derecho y con base en valores y principios no negociables al no reconocer al nuevo gobierno ilegítimo de Maduro por lo cual ha decidido no enviar embajador a Caracas hasta tanto “no se restablezca la democracia”. Sin embargo, se necesita mantener un ‘teléfono rojo’ entre Casa de Nariño y Miraflores para emergencias especialmente en la larga y porosa frontera entre los dos países. Contacto requerido para evitar escaladas, resolver temas puntuales, hacerle entender a la satrapía de Maduro que Colombia no se dejará provocar pero que hará respetar con todas las herramientas a su disposición su soberanía e integridad territorial y que está dispuesta a buscar de manera conjunta soluciones humanitarias al drama de los refugiados. La expedita expulsión de señor Carlos Pino de Colombia por constituir un “riesgo a la seguridad nacional” demuestra que Colombia está decidida a proteger sus intereses.

Para esta función de ‘mensajero’, lo último que necesita Colombia es nombrar un Embajador en propiedad ante el gobierno de Maduro, como algunos han sugerido. De ninguna manera se le debe otorgar legitimidad alguna a lo que es a las luces del derecho una dictadura, rechazada por la mayoría de los países del continente y organismo internacionales. Con un ministro consejero o un segundo secretario acreditado en Caracas es suficiente. Como es evidente de las numerosas cartas que ha enviado la cancillería venezolana a su par colombiana, Caracas esta rogando por una máxima presencia diplomática del gobierno Duque lo cual según las declaraciones del primer mandatario y sus promesas de campaña no va a suceder.

Por el contrario, Colombia lideró una exitosa demanda a Maduro ante la Corte Penal Internacional segundada por otros países de la región y dos pesos pesados como Canadá y Francia. Mal podría entonces acreditarse en Caracas un embajador de nuestro país. Si Maduro no acepta una representación diplomática reducida de Bogotá, ya serán terceros países los que cumplan la función de ‘teléfono rojo’, embajador de ninguna manera.

Sigue en Twitter @marcospeckel