Seguridad y derechos

A través del tiempo el concepto de seguridad nacional ha evolucionado en paralelo al progreso social, político y económico de las sociedades. En el Siglo XXI en las sociedades democráticas, la seguridad nacional hace referencia a la defensa de la integridad territorial, soberanía, independencia económica, identidad cultural, Estado de derecho, paz social, salubridad, seguridad ciudadana, prosperidad y medio ambiente. En Estados autocráticos se abusa de ese concepto para perseguir opositores políticos y restringir derechos ciudadanos.

En sociedades polarizadas o cuya democracia es frágil, las amenazas a la seguridad nacional no son percibidas como tal por el total de la población, lo cual conlleva a dificultades en establecer derroteros para enfrentarlas. Si bien puede haber consenso en la protección de la soberanía y la integridad territorial, en el caso de la lucha contra las nuevas amenazas: el terrorismo, crimen organizado, tráfico de personas, viabilidad económica y otras, los consensos son más complejos y elusivos. El equilibrio entre seguridad nacional y derechos ciudadanos es el gran dilema que enfrentan las democracias y llegado el momento pesa más la seguridad nacional. O por lo menos así debería ser.

En Francia tras los atentados terroristas de noviembre de 2015, el presidente Hollande declaró el estado de emergencia y aprobó una serie de leyes restrictivas de los derechos civiles que incluía infiltrar mezquitas por parte de los servicios de inteligencia, deportar imanes, realizar seguimientos y allanamientos sin orden judicial, entre otras. Dada la magnitud de los ataques y el peligro inminente de su repetición hubo amplio consenso al interior de la sociedad para imponer las medidas requeridas. En otros países a través de leyes de excepción se ha actuado contra el terrorismo islámico, la llegada incontrolada de emigrantes, crisis económicas y otras. Las medidas adoptadas por los gobiernos no han estado exentas de polémicas y oposición.

Tres son quizás las principales, no únicas, amenazas a la seguridad nacional colombiana: el crecimiento descontrolado de los cultivos ilícitos, Venezuela y Nicaragua. El primero constituye una amenaza existencial a las instituciones nacionales que debilitadas facilitan el crecimiento de los sembrados en un círculo vicioso que puede ser roto únicamente enfilando el poder del Estado a la supresión de lo que por décadas ha sido la gasolina del conflicto armando, la criminalidad, la pérdida de control territorial y de la desinstitucionalización. Debe primar el derecho del colectivo a derechos individuales y si la fumigación aérea es la única forma de erradicar los cultivos, mañana es tarde.

Venezuela representa para Colombia una amenaza en varias dimensiones. La crisis migratoria que no da señales de amaine rebasa la capacidad del Estado, representa un desafío al tejido social en ciertas urbes, puede significar un aumento sustancial en la población del país y podría incluir la infiltración de elementos indeseables o agentes de inteligencia empujados por el mismo Maduro a nuestro país. La frontera común entre países tan disímiles crea dinámicas que representan igualmente un riesgo a la seguridad nacional. Finalmente no se puede descartar una aventura militar por parte del régimen bolivariano apelando a la vieja receta de unir a través de la guerra.

La amenaza de Nicaragua tiene que ver con los procesos que se llevan a cabo en La Haya en los que el operar errático de nuestra diplomacia nos ha dejado en una situación comprometida respecto al archipiélago de San Andrés, sus aguas territoriales y la población raizal.

En nuestro país no pareciera existir un consenso alrededor del concepto de seguridad nacional. Eso en sí mismo representa otra amenaza.

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