Treinta años

Los 20 años que cumplió el juicio a Santiago Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en crímenes cometidos por el grupo paramilitar ‘Los 12 apóstoles’ en Antioquia, son la prueba del fracaso de la Justicia en Colombia. Y no solo porque los jueces que han tenido a su cargo el proceso han sido incapaces de decidir su situación.

A Uribe lo acusan por hechos sucedidos veinticinco años atrás, cuando su hermano Álvaro se posesionó como gobernador de Antioquia, donde se desarrollaba la guerra de las Farc. Desde entonces, el apellido lo convirtió en objetivo político por ser hermano de quien después fue presidente de la República, derrotó a la guerrilla, fundó dos partidos y eligió tres presidentes.

Si Santiago no hubiera sido el hermano de Álvaro, con seguridad su caso habría sido resuelto hace mucho rato, en uno u otro sentido. Pero tiene como hermano al personaje más influyente y popular de los últimos años en nuestro país, además de ser el que más ha confrontado a la Sala Penal de la Corte Suprema y a muchos de sus magistrados que usan métodos poco recomendables.

Santiago es el hermano del dirigente del partido más importante de la derecha colombiana. Por eso su caso no ha sido fallado por ningún juez. Incluso, cuando encontraron méritos para acusarlo y detenerlo por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, en 2017, al año debieron soltarlo por vencimiento de términos.

Es decir, no hubo juez que confirmara la detención basado en el expediente. Pero sí aparecieron senadores y senadoras que entraban a las cárceles y hablaban, “por casualidad”, con testigos en contra de los Uribe. Es decir, el caso dejó de estar en el ámbito jurídico y judicial, en el deber de encontrar la verdad, para trasladarse al político, la batalla de Iván Cepeda y otros como él por destruir la imagen de quien derrotó a las Farc.

Pese a ello no hubo la prueba concluyente que abreviara un proceso plagado de dilaciones y de actuaciones de los jueces que demostraron temor o poco interés en cumplir la ley que les ordena, impartir rápida y cumplida justicia. Hace unos días se produjeron los alegatos finales en un caso que ya cansa porque dejó de ser la búsqueda de la verdad para transformarse en la herramienta para liquidar a Álvaro a través de la condena a Santiago.

Lo que sigue es el fallo de un juez quien dijo que se conocerá “posiblemente este año”. Pero allí no terminará el proceso: seguirá la apelación ante un tribunal y la solicitud de casación que llegará a la Sala Penal de la Corte Suprema, la que mantiene una confrontación a muerte con Álvaro, hermano de Santiago. Se juntará así el destino de los Uribe Vélez en el más alto tribunal de Colombia y de nuevo, la política reemplazará la justicia.

Así entran en juego consideraciones ajenas a la búsqueda de la verdad. Si fuera un ciudadano cualquiera, el proceso hubiera terminado hace rato, pero el señor es hermano del expresidente y la figura más simbólica de la derecha colombiana. Y cuando llegue el fallo definitivo, por lo menos en cinco años más, quedará en duda la imparcialidad de la Justicia pues si lo absuelve es el triunfo de la derecha y si lo condena es la victoria del partido de los jueces, de Iván Cepeda y de las Farc.

Treinta años para fallar un caso penal. ¿A quién beneficia ese espectáculo? A nadie. Lo que sí hará es aumentar el desprestigio y la vergüenza de la Justicia colombiana.

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