Siguiendo el rastro

… y era verdad: los estructuradores de las vigencias futuras de Juan Carlos Abadía y de la licitación para entregar a Acuavalle a un particular, son los mismos de las megaobras, contratados en este caso por la Administración Municipal a través de la Emru. Con lo cual completaron una interesante tripleta de comisiones que les deja, mal contados, $20.000 millones en menos de un año.Son los estructuradores que, en una columna publicada en El Caleño el pasado miércoles, Ramiro Varela describe como “el contratista de mayor confianza del Alcalde Jorge Iván Ospina, pues recibe en contratación directa, sin licitación, ocho contratos con la Emru, Metrocali, Secretaría de Infraestructura y Valorización y Planeación Municipal”. Son ocho contratos los descritos por el ingeniero que más oposición le ha hecho a la megaobras.Ya conocemos que el estructurador de las vigencias futuras y de las megaobras es el mismo. Pero mire esto: el consorcio Promesa Sociedad Futura Vías del Valle, compuesto por las firmas Vergel y Castellanos, Gayco S.A. y Construcciones Industriales Coin Ltda., recibió en adjudicación el contrato LP-SHCP-001-2009 de las vigencias, por $235.075 millones. Ese mismo consorcio recibió de la Emru las megaobras de la zona Sur por $161.433 millones.Y al Consorcio Renovación Urbana del Valle S.A.S., compuesto por Conalvías y la Sociedad Infracon, perteneciente al mismo grupo Conalvías, le adjudicaron el contrato LP-SHCP-002-2009 de las vigencias futuras por $245.074 millones. Por su parte, la Emru adjudicó a Conalvías la zona norte de las megaobras por $231.826 millones. De nuevo, en ambos casos el estructurador es el mismo. ¡Qué coincidencias!El pasado viernes, y contra viento y marea, el PIN, a través del gerente encargado de Acuavalle que dejó Álex Pascual Longo, candidato a la Gobernación para octubre por ese Partido, adjudicó el cuestionado contrato. Allí se pasaron por la faja las instrucciones del Gobierno Departamental, propietario del 47% de la empresa y el que debe fijar el rumbo de una entidad que por ser una sociedad anónima no deja de ser pública. Como desconocieron a la Procuraduría que les exigió suspender el proceso.Y adjudicaron un contrato que le significará a Acuavalle un sobrecosto de más de $100.000 millones por intereses. ¿Quién fue el ‘estructurador’? Adivine. ¿Cuál fue la comisión? El 1,5% por copiar de las vigencias futuras ítems como los costos financieros, el 15,3% anual, que deberán pagar tanto Acuavalle como la Gobernación.Los que escogieron como estructurador al consorcio Geicol-Bonus representado por un señor Rodrigo Cerón, argumentan que las comisiones las pagan los contratistas no los gobiernos. El ex gobernador Abadía no vio problema en firmar el otrosí que obliga a los contratistas a pagar el 60% de la comisión al consorcio estructurador como requisito para autorizarles la ampliación del plazo para presentar el cierre financiero. No hay queja alguna de esos contratistas, a pesar de la ilegalidad del otrosí. Con lo cual, el consorcio recibirá toda la comisión de éxito a pesar del fracaso de las vigencias futuras.Hay pues un rastro qué seguir. Un rastro enorme con olor desagradable que explica por qué los vallecaucanos y los caleños han perdido la fe en sus gobernantes.