¡Qué vergüenza!

Escuchar este artículo

¡Qué vergüenza!

Agosto 25, 2019 - 06:55 a.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Por vencimiento de términos liberan al expresidente de la Corte Suprema, al autor del más grande escándalo de la Salud en Colombia y al del robo de Estraval. Y luego le piden a la gente que respalde un sistema corrompido hasta los tuétanos, donde la Justicia parece ya un asunto de bolsillos, de influencias y de odios que nada tiene que ver con el bien común y la ética pública.

Ahora, quienes están encargados de hacer justicia a quienes están acusados de defraudar los bolsillos de los colombianos, o de usar sus magistraturas para enriquecerse, están agarrados entre sí. Y se rasgan las vestiduras porque a Francisco Ricaurte, a Carlos Palacino y a César Mondragón, símbolos de la corrupción y de la rapacidad tolerada, gozan de la libertad que resulta de la ineptitud, la incapacidad o la complicidad que se traducen en vencimientos de términos.

Y faltan personajes como otro expresidente de la Corte Suprema, Gustavo Malo. Cuando se estudie su caso, volverá a pasar lo mismo: los abogados que se excusan por enfermedad y piden aplazamientos. Los cambios de jueces, de magistrados. El embolate del expediente y las tácticas dilatorias que permiten unos códigos escritos por abogados defensores que conocen las debilidades de los procesos y no por jueces que piensen en la Justicia antes que en la forma de evadirla.

La otra manera es plantear negociaciones a partir de confesar y ofrecer cualquier suma para lograr rebajas. Eso ha permitido que los cerebros del robo de Interbolsa sólo hayan estado detenidos dos años y disfruten de la casa por cárcel que les regala este vagabundo sistema ‘garantista’ del exfiscal Montealegre.

Es el mejor ejemplo de cómo cometer delitos a cambio de nada, la peor burla a una sociedad que espera de sus autoridades la protección del interés común y la decencia. Y demuestra que aquí el delito sí paga, pues basta tener abogados dispuestos a todo, declararse en quiebra, traspasar los bienes y recibir sanciones económicas que jamás van a pagar, mientras disfrutan de sus fortunas mal habidas.

Es la desmoralización total. Por ello, los criminales de cuello blanco se mueren de la risa y los beneficiarios de escándalos como el de los contratos de la Ruta del Sol 2 o la financiación a las campañas presidenciales y la responsabilidad de los candidatos y de los elegidos gozan de impunidad. Es la unión de los negocios y la política que, al igual que el narcotráfico, desvirtúan la voluntad popular para satisfacer sus intereses.

Por el daño que causan, ya no hay diferencia entre el narcotráfico y la corrupción de los contratistas, el robo de los financistas, las porquerías de lo magistrados y la complicidad de quienes no cumplen su deber de preservar la transparencia en los procesos judiciales. Todo es lo mismo y produce idéntico efecto: el alejamiento de los colombianos de sus instituciones y la infección total del sistema judicial donde se repiten sin pausa las vagabunderías que se cometen en las altas esferas del poder.

Y mientras tanto, el Congreso no puede sacar adelante un microscópico intento de combatir la corrupción. Pero, eso sí, tenemos un Nobel de la Paz y el lenguaje oficial está lleno de “les caerá todo el peso de la Ley”, “actuaremos con contundencia” y “los corruptos no triunfarán”.

                                                                              ***

Pregunta necia: ¿Cuándo irá el Presidente de la República al departamento del Cauca?

Sigue en Twitter @LuguireG

Conecta con la verdad. Suscríbete a elpais.com.co
VER COMENTARIOS