¿La anarquía?

Empezó como una protesta contra una reforma tributaria y ya va en el bloqueo, la violencia y la escasez que afecta a millones de personas en Cali y ya llegó a Bogotá. Y entre tanto, las instituciones de la Constitución se hunden en la confusión que no permite encontrar las soluciones.

El detonante fue el desafío que significó anunciar el aumento de los impuestos a una sociedad que padece la pandemia, a todas sus actividades, mientras la Nación, como todo el mundo, padecía una pandemia que aumentó la pobreza, la miseria y la inequidad. Pero los autores de ese engendro no hablaron del recorte al gasto inútil ni de combatir la corrupción y la evasión que se queda con la mitad de los impuestos que pagan los colombianos.

Ese fue el punto de quiebre que llenó de razones la protesta social. Lo que siguió fue una bien armada maquinaria que se tomó a Cali aprovechando su desgobierno y la necesidad de sus gobernantes de desviar la atención enfocada en sus escándalos de corrupción. Desde entonces, hace once días, la ciudad vive en el caos. Y en muchos sectores, la violencia es el lenguaje mientras se desgasta de nuevo el llamado al diálogo y en el establecimiento de “corredores humanitarios”, señal de la renuncia de las autoridades al liderazgo que de ellas se esperan.

Ahora está ocurriendo lo mismo en Bogotá. Y la impotencia para contener esa violencia que se tomó la protesta social para sembrar el miedo, se expresa de nuevo en unas mesas de diálogo que ya parecen más una forma de negociar el poder y las instituciones. Un presidente aislado y confundido se niega o por lo menos duda en usar los instrumentos que le proporciona la Constitución para contener esa violencia y esa anarquía que utilizan quienes la promueven.

Y no existe el Congreso, donde se supone está representada voluntad popular. El desgaste lo experimentan los policías y soldados que son acusados de criminales porque deben salir a enfrentar el terrorismo que dejó sin alimentos y combustibles a Cali y ahora avanzan contra Bogotá.
Crece la expresión del descontento y algunos se toman la vocería de esa protesta para sentar al presidente de la república, plantear sus exigencias que no son las del pueblo, y exigirle que entregue a pedazos el poder.

Ya no valen los reclamos de los ciudadanos que piden orden, que los dejen trabajar, que no los ataquen. Ahora, hasta los aspirantes que no tienen respaldo popular desfilan por el palacio de Nariño exigiendo, ya no pidiendo, el fin del acuerdo social expresado en la Constitución Nacional, gestionada y aprobada por muchos de ellos.

Por ello, el descontrol avanza como una plaga y el desconcierto crece, mientras de la pandemia que deja cientos de muertos por día ya no se habla. De vez en cuanto se escuchan alocuciones presidenciales llenas de las mismas palabras de siempre, en tanto el candidato derrotado que vuelve a aspirar anuncia que podrá un millón de personas en las calles de Bogotá si el presidente de la República, en uso de sus atribuciones y deberes constitucionales, decreta la conmoción interior.

Ese es el instrumento legal y legítimo para defender a la sociedad del caos, y en ningún caso para reprimir la protesta social como lo pretenden hacer ver los oportunistas. Ese es el recurso que piden ya con angustia los ciudadanos que son hoy la presa y los rehenes de los anarquía y necesitan que el Estado rescate el orden. Pero no los escuchan.

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