En la línea de fuego

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En la línea de fuego

Agosto 18, 2019 - 06:55 a.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Hace pocos días, el propietario de una finca en las afueras de Jamundí difundió por WhatsApp un mensajes sobre la situación que vive el matrimonio que trabaja en su propiedad. Cuenta él que esas personas viven en Villa Colombia, en las montañas de ese municipio, y no pueden regresar a trabajar porque los tienen secuestrados entre la guerrilla, el narcotráfico, las Coccam y algunos indígenas que se lucran de los cultivos de coca.

¿Cuál es el argumento de sus captores? Que el Ejército y las autoridades están erradicando los cultivos ilícitos. Por ello, tienen “confinados” o “retenidos” a los habitantes de esa zona ubicada a diez minutos del casco urbano de Jamundí y a menos de una hora de Cali.  Igual hacen con quienes trabajan en el campo o en las minas de carbón y con cualquiera que desarrolle una actividad legal.

Eso mismo pasa en las montañas de Caloto, de Miranda, de Corinto. En este caso, sus rivales son además las comunidades indígenas que se oponen al despojo. Es el narcotráfico vestido de movimiento político y social que se empeña en imponer su imperio en una zona conocida por la calidad de la marihuana que produce, así tenga que matar a los integrantes de la guardia indígena que trata de mantener el orden con sus bastones de mando.

Son los mismos que están matando a civiles, soldados, policías y todo lo que se mueva en Suárez, Cauca, al lado de la represa de Salvajina. Los que dinamitaron la carretera Panamericana entre Santander de Quilichao y Popayán, a pesar de ser una vía estratégica para la seguridad y la conexión del Sur de Colombia con el resto del país.

Es, dicen los autores de semejante amenaza a la legalidad, un movimiento de aquellos que la Constitución denomina Protesta Social para exigir la libertad de empresa y el derecho al trabajo. Detrás de ellos están los carteles mexicanos y la caterva de disidencias de las Farc, el ELN, las bandas criminales y demás, quienes avanzan en crear una república independiente.

Entre tanto, la Gobernadora del Valle y el del Cauca se cansan de exigir del Gobierno Nacional la respuesta que reclaman miles de colombianos que viven en el norte del Cauca, el sur del Valle, el Naya y el Pacífico. Ellos padecen la tragedia mientras el Ejército trata de contener una avalancha que recuerda las épocas de la violencia en 1998, y empiezan a aparecer grupos paramilitares.

La respuesta que reciben los mandatarios departamentales y municipales son consejos de seguridad a los cuales viene a la carrera el Ministro de Defensa a decir que poco más se puede hacer o a negar la posibilidad de aumentar los policías para Cali. Hace poco, la Ministra del Interior anunció una visita al Cauca, advirtiendo eso sí, que el Presidente de la República no puede venir “por razones de agenda”.

Quizás esas razones de agenda son las que han hecho que, durante el año que lleva su gobierno, el presidente Iván Duque sólo haya venido una vez al Cauca y apenas cuatro al Valle. Tal vez Antioquia debe ser más importante o más acuciosa para ‘gestionar la agenda’, pues allá ha ido once veces a pesar de que la guerra está ya a las puertas de Cali y la gente, los caucanos y vallecaucanos que padecen la violencia, le achaquen la culpa a la ausencia del Estado.

Jamundí, el norte del Cauca, el sur del Valle y Cali están en la línea de fuego de la guerra que el narcotráfico le ha planteado al Estado legítimo. Y todo indica que en Bogotá no han entendido el mensaje.

Sigue en Twitter @LuguireG

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