El poder, ¿para qué?

Al igual que el covid, o mejor, de manera simultánea, la contratación en el Municipio de Cali se volvió epidemia. Y ya uno no sabe cuál es la razón que impulsa la carrera por contratar y por agotar los presupuestos.

Diciembre fue el mes de alegría, de parranda y animación para la alcaldía y las entidades que se prestaron para los contratos interadministrativos. Para contratar el alumbrado rodante, para hacer la feria con contratos de $50.000 dólares mientras a los músicos y bailarines caleños les pagaban migajas, para autorizar las fiestas de la celebración del América, así en enero deberíamos registrar el incremento de muertes y
congestiones en el sistema de salud.

Paralelo a eso se vinieron los contratos directos como el de las cámaras de seguridad que se realizó en quince días. O como la licitación de $12.055 millones para “la adecuación de la infraestructura física del Estadio Pascual Guerrero” a la cual se presentó un solo proponente, un consorcio encabezado por un contratista conocido por sus relaciones con los ‘amigos de la U’.

O como unas vigencias futuras aún inexploradas e inexplicables, tramitadas por la aplanadora de la “coalición de gobierno” en ocho días y ejecutada en cinco. Nadie de toda esa espesa fauna que conforma la “organización” se tomó el trabajo de explicarles a los caleños a qué se debía ese afán, qué buscaban con esas vigencias futuras, a quién beneficiaban además de los contratistas. Nada de transparencia. Sólo afán.

Y llegó enero y los muertos y enfermos de covid empezaron a ser usados para justificar la carrera de la contratación. Nació así la urgencia manifiesta respaldada en un aparatoso decreto de trece páginas que trata de explicar la legalidad de la medida, aunque lo importante sea explicarles a los caleños la oportunidad y la necesidad de esa maniobra.

Por supuesto, el alcalde Ospina se curó en salud. Además de decretar esa urgencia extraña, incluyó de manera expresa y reiterada la delegación a sus secretarios con la aclaración de que los contratos que ellos celebren serán de su exclusiva responsabilidad. Es decir, él no responde por lo que pase con los negocios que de la emergencia se deriven, así sean actos de su gobierno y se hagan en ejercicio de la administración de los recursos que pagan todos los contribuyentes, los que votaron por él y los que no.

Y lo máximo: según la explicación jurídica de la urgencia manifiesta, el control lo realizarán la Contraloría Municipal y la Personería. Sí, la contralora y el personero que eligieron los miembros de la coalición encabezada por la organización de la U y seguida por la cuota de Juan Carlos Abadía y por el prístino y pulquérrimo Roys Barreras, cuyo hijo, cómo no, está en la nómina municipal.

Perfecto entonces: contratos interadministrativos a discreción, incluidos los que realiza el Personero de Abadía, licitaciones de un solo proponente, vigencias futuras que no se explican, autorización de endeudar a Cali por $650.000 millones para gastar en lo que quieran. Y ahora, la urgencia manifiesta de la cual responderán los secretarios de despacho, mas no el alcalde Ospina ni su coalición en el Concejo. No es necesario: tienen contralora y personero y procurador provincial.

Total, para eso sirve la experiencia que permitió eliminar setenta investigaciones de la Procuraduría por prescripción y sacar cuatro procesos de la Corte Suprema a la Fiscalía donde duermen el sueño de los justos hace año y medio.

Para eso sirve el poder.

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