¿Dos países?

¿Dos países?

Marzo 24, 2019 - 06:55 a.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Uno en el cual el espectáculo es alimentado a diario por escándalos en los poderes públicos y en su incapacidad para enfrentar y resolver los problemas nacionales. El otro, el que padecen regiones como el suroccidente de Colombia y el Pacífico, donde la ilegalidad hace de las suyas y las vías de hecho son la constante.

En Bogotá, el espectáculo no puede ser más bochornoso. El escándalo de Odebrecht, del cual no se sabe toda la verdad, ha sido sepultado por la confrontación estéril ocasionada por la decisión del Presidente de objetar seis artículos de la Justicia Especial de Paz, o por el forcejeo patético sobre un Plan de Desarrollo que se ha convertido en el pulso entre un Gobierno con minorías en el Congreso y una clase política ávida de cuotas y mermelada.

Allí no prima el interés nacional. Después de que los colombianos votaron y eligieron, ahora el turno le corresponde a los dirigentes políticos y es evidente es la dispersión de las fuerzas que tratan de controlar el poder o de doblegar al Gobierno. Allí, los votantes ya no importan y la invasión de coca, el crecimiento del narcotráfico y de la violencia pasaron a un segundo plano.

Y está el otro país, el que padece la toma de la carretera Panamericana y la fractura de su unidad a cargo de organizaciones expertas en convertir los problemas de las comunidades indígenas en bandera para arrinconar a ese Estado que en Bogotá no es capaz siquiera de elegir un presidente de su Corte Suprema de Justicia. Son caciques que manejan un situado fiscal enorme del cual no rinden cuentas y cada cierto tiempo realizan la misma toma para obligar a los gobiernos de turno a firmar concesiones imposibles de cumplir.

A los dueños de la Cric no les importa la estigmatización que padecen las comunidades indígenas por culpa de los desafueros y fechorías que ellos cometen. Ellos no responden por el asesinato de un policía con tiros de fusil, el cual se atreven a afirmar que fue causado por otro policía. Y se rodean de los personajes que en Bogotá ejercen como representantes de la izquierda para legitimar su desconocimiento flagrante del Estado de Derecho.

Entre tanto, en Dagua explota dinamita en un resguardo indígena donde se reunían para participar en la minga que debía tomarse la carretera a Buenaventura. Nueve personas murieron y varias más, entre ellos un niño de cuatro años, quedaron heridas. Pero al sitio no pueden entrar las autoridades, los dirigentes indígenas dicen que fue un atentado y reclaman la presencia de la ONU, alegando una extraterritorialidad inaceptable.

Al parecer, en Colombia hay dos Estados. Pero son dos caras de un mismo país: a un lado está la institucionalidad que naufraga por la incapacidad del centralismo para atender a toda la nación, para controlar la corrupción o las ambiciones de riqueza de unos pocos. Al otro está la ilegalidad que usa las vías de hecho y la delincuencia para movilizar comunidades indígenas y tener como rehenes a millones de ciudadanos quienes no parecen tener quién haga valer sus derechos.
Así se dan el lujo de paralizar al suroccidente de Colombia para exigir la presencia del Presidente de la República en la zona que se han tomado, cosa que no parece conmover a quienes en Bogotá tratan de consolidar a dentelladas su poder en la política y usan la JEP o el plan de desarrollo para cubrir el escándalo de Odebrecht, de sus socios y amanuenses.

¿Hasta cuándo?

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