Coca y glifosato

Coca y glifosato

Marzo 10, 2019 - 06:55 a.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizábal

El debate en la Corte Constitucional sobre el glifosato fue una demostración de por qué no se pueden acabar los problemas en Colombia. Y enseñó la manera en que algunos gobernantes prefieren tranzar la ley antes que aplicarla a quienes causan daño a los colombianos.

Se escuchó al expresidente Santos defendiendo su decisión de suspender la fumigación de los cultivos ilícitos. Aunque parecía dar a entender que acataba una sentencia, no le oímos una explicación sobre el increíble aumento de los cultivos ilícitos durante su mandato.

Se le escuchó argumentar que en su estrategia con las Farc le pidió a las Farc colaborar en la erradicación voluntaria que, dice él, es un éxito. Pero las cifras demuestran que ese mar de coca creció, se mantiene y es el gran causante de la violencia que padecemos.

El expresidente tiene razón en parte. Las Farc entendieron que en los cultivos ilícitos estaba la posibilidad de mantener su control en varias zonas del país. Por eso impulsaron las Coccam, cuyo discurso se basa en decir que lo ilícito no es su cultivo sino su aprovechamiento. Lo que no calcularon es que el poder corruptor de las mafias y la posibilidad de enriquecimiento que hay en la cadena del narcotráfico destruirían su poder sobre los cocaleros.

Así se transó la autoridad que confieren las leyes para enfrentar a los delincuentes. Y frente a esa capitulación hay que preguntar qué pasó con la Fuerza Pública, cuándo se perdió en este ajedrez macabro que hizo posible llegar a doscientas veinte mil hectáreas de coca. Si se logró reducir a cuarenta y ocho mil hectáreas el área cultivada, por qué se renunció a una estrategia exitosa.

Como puede deducirse, el asunto no era sólo fumigar con glifosato, sino, y ante todo, ejercer la autoridad contra el delito que sí causa muerte y destrucción. ¿Por qué se prefirió sacrificar ese esfuerzo que obligó a negociar a las Farc, reconocidas en ese momento como el cartel de narcotráfico más grande del mundo?

La clave es otra. Se demostró que si se ejerce como debe ser, la autoridad es el mejor antídoto contra la delincuencia, llámese guerrilla, paramilitares o bandas criminales. Pero aquí el Estado prefirió concentrarse en la discusión estéril sobre el glifosato. Y aceptó el argumento según el cual son 90.000 familias las dueñas de los narcocultivos, con lo cual convirtieron el crimen en problema social que debe ser negociado con quien sea.

No hay tales familias porque nadie se lleva a sus hijos a sufrir al monte, a exponerlos a la muerte sembrando coca. Lo que sí existe es un ejército de cocaleros que destruyen el medio ambiente y un entramado que los defiende e incluye estrategias de comunicación, senadores, jueces y ambiciones de conseguir dividendos al mostrarse como defensores de esos ‘desvalidos’. Por eso desapareció la decisión de combatir el narcotráfico y se les dio a los narcotraficantes el poder de negociar en igualdad de condiciones con el Estado legítimo.

Lo que pasó en la audiencia de la Corte Constitucional sobre la fumigación con glifosato es una discusión sin futuro. Una discusión bizantina, cuando lo que padecemos es la debilidad de quienes prefirieron negociar la autoridad a erradicar la coca y derrotar el narcotráfico.

Como me lo dijo Mario Posada Mejía, la pregunta es qué le hace más daño a Colombia entre la coca y el glifosato. Y la respuesta que esperamos todos es cuándo y cómo van a acabar con el peor enemigo de la vida y del Estado de Derecho en Colombia.

Sigue en Twitter @LuguireG

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