Ayúdenme, por favor

Digamos que se llama Carlos. Lo conocí el mismo día que lo acompañé a hacer todas las diligencias para acceder a uno de los cupos que el Icbf otorga a niños y jóvenes con problemas de alcoholismo y drogadicción. No cruzamos muchas palabras; es más, las respuestas a mis preguntas eran monosilábicas. Sin embargo, no necesité más para entenderlo, para percibir lo que estaba sintiendo, para saber que quería –y necesitaba- otra opción y que era consciente de que por sus propios medios no lo iba a lograr. Carlos es alto, delgado, guapo y a sus escasos 16 años ha sido, en general, un joven de buenos comportamientos. Así lo noté ese día. Su historia la había conocido días antes y me conmovió. El día menos pensado la vida lo zarandeó. Era costumbre divagar con sus amigos por las calles de su natal Pradera, muchachos mayores que él, miembros de una pandilla. En ese mundo se fue afianzando, hasta que una de esas noches, mientras charlaban en cualquier esquina, una moto se acercó, desenfundó un arma y, a quemarropa, mató a uno de sus compañeros. Cayó tendido en sus pies. Carlos quedó aturdido y aterrorizado. Su madre, una asistente doméstica amorosa y berraca, una mujer a quien quiero y respeto, me contó que llevaba muchos meses en una búsqueda de soluciones sin éxito y que no sabía qué hacer. También me contó que fue el mismo Carlos, segundo de tres hijos, quien le confesó que era consumidor habitual de marihuana y bazuco y que había abandonado el colegio. “Ayúdenme por favor”, le rogó. No quería un desenlace igual. Por esa época lo mandó a vivir con sus abuelos a Puerto Tejada. Su tristeza y preocupación eran inocultables. Hoy Carlos está internado en un centro terapéutico en Toribío, Cauca, en donde empezó un intensivo proceso de rehabilitación y también estudia. Pocos como él tienen la valentía de hacerle frente a una realidad cuyo futuro era inevitablemente negro. Porque no se puede negar que en un país como el nuestro, en conflicto, con una brecha socioeconómica tan ancha y desatendida, los niños y jóvenes crecen en un entorno lleno de desigualdades, uno en el que, por lo regular y tristemente, resuelve las diferencias y necesidades con violencia. La estructura social de Colombia está a todas luces desquebrajada. Eso es triste. E igual de triste -y sobre todo desconcertante- es ver cómo una entidad como el Icbf le da un manejo tan pobre, paquidérmico y folclórico a casos que requieren especial e inmediata atención, como el de Carlos, que es uno entre miles más. Debo agradecer los resultados de la gestión, que cumplió con el objetivo principal, pero es inaceptable el trato y las dinámicas que imparten. Lejos de proteger el bienestar y los derechos de esa parte de la población, pareciera pasar por encima de ellos. Carlos llegó a Toribío luego de una larga travesía y de perder tiempo y plata. Empezó los tramites en el Centro Zonal del Icbf en Centenario, en Cali, como nos lo indicó un asesor a través de la línea nacional de esta entidad, y de ahí tuvo que hacer lo propio en las sedes de Santander de Quilichao y Puerto Tejada. En cada parte, si el personero no estaba, hacía falta algún documento. Hubo que suplicar para que revisaran sus papeles, hacer muchas llamadas, insistir. La constante fue el irrespeto de los turnos, la inexactitud de la información, la forma vulgar de los funcionarios de dirigirse a los usuarios. Esta semana llamé del nuevo al Icbf para preguntar qué acompañamiento le hacen a cada caso y si siguen de cerca los resultados. Nadie da respuesta, razón grande ni chiquita, me pasan de una extensión a otra y al final la llamada se cae. Las entidades del Estado deben ser las promotoras de un desarrollo social equilibrado, por lo que es esencial que actúen con celeridad y con un apoyo que no sea intermitente, evitando que niños y jóvenes sigan formateando de sus cabezas el hecho de que tienen derechos qué exigir. El mal trato y la negligencia también son otra forma de ensanchar la brecha social y de alimentar la violencia.