Una papa caliente

La semana pasada ocho militares -un coronel, un teniente, un sargento y cinco soldados- fueron hallados culpables por el caso de ‘los falsos positivos de Soacha’. Si la sentencia ronda la pena máxima prevista para los homicidios agravados (60 años) se sentará un precedente ejemplar para la espeluznante ruma de casos que configuran el genocidio más tenebroso de nuestra tenebrosa historia.El crimen sucedió en el 2008, cuando los cuerpos de once jóvenes de Soacha, Bosa y Ciudad Bolívar, cuya desaparición había sido denunciada por sus familias, aparecieron poco después en Ocaña como “insurgentes muertos en combates con el Ejército”. Las denuncias llegaron al despacho de Clara López, entonces secretaria de Gobierno de Bogotá. A esta doctora de Harvard le llamó la atención que once jóvenes que no se conocían entre sí fueran muertos a pocas horas de su desaparición. ¿Cómo podían haber sido reclutados, entrenados, mandados a combate y muertos en 72 horas? La denuncia pública de López generó preocupación al más alto nivel. En la investigación resultante, el Comandante de la Brigada Móvil XV acantonada en Ocaña les aseguró al presidente Uribe, al ministro Juan Manuel Santos y al general Freddy Padilla que un secuestrado que acababa de ser liberado en esa zona había reconocido a uno de sus captores entre las fotos de los jóvenes de Soacha. Pero la patraña del comandante fue develada por el mismo secuestrado.Un año antes, un funcionario de la ONU les había revelado al ministro y al general algo mucho más grave: un soldado de la Brigada XIV de Puerto Berrío le confesó que había hecho parte de una unidad más o menos secreta cuya misión era secuestrar hombres pobres, asesinarlos y hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja en combate. El soldado hizo muy bien la tarea hasta el día que su propio padre fue ‘falsopositivizado’. Entonces resolvió desertar y contarle todo a la ONU. A los casos de Soacha y la ONU se sumaron cientos de denuncias semejantes en todo el país. Inicialmente, las autoridades trataron de minimizar el asunto y repitieron una frase famosa: “se trata de casos lamentables y aislados”. Pero pronto fue evidente que eran demasiados casos (más de dos mil ‘falsos positivos’) y que de aislados no tenían nada porque todos obedecían a un patrón frío, macabro, profesional y rutinario: hombres humildes, desaparición forzada, “combate”, “baja”, ascensos y recompensas.Lo más increíble es que la única reacción oficial fue llamar a calificar servicios a 26 oficiales a los que la Justicia Penal Militar halló culpables de tener “alguna responsabilidad política en hechos ocurridos en su jurisdicción”. No hay que ser experto para comprender que la “responsabilidad política” en un estructura vertical es un chiste. Que el Ejército mate civiles y luego nos cobre a todos por su hazaña, es un acto que merece un adjetivo nuevo en el diccionario de la infamia. Que después de su demostrada inoperancia aún haya casos de lesa humanidad en los tribunales de la JPM, es inadmisible. Que todavía se escuchen voces en defensa del fuero militar, es irritante. Y que acusen a la Justicia ordinaria de dinamitar “la moral de la tropa” sería un argumento tierno si no fuera cínico.