Pretelt, en cámara ardiente

El 15 de diciembre ocurrió un hecho histórico: contra todo pronóstico, la Cámara de Representantes votó en contra de los intereses del magistrado Jorge Pretelt. Fue una paliza: 96 representantes votaron a favor de que el caso pasara al Senado, lo que equivale a una acusación en regla, y 45 votaron para que el caso fuera cerrado, lo que implicaba en la práctica una absolución política. El suceso no tiene precedentes. Que la Cámara acuse a alguien es un suceso inédito. Es como si una corte militar condenara a un coronel, o un tribunal médico a un cirujano, o como si un pastor exclamara de repente: “¡Aparta de mí ese cáliz!”, y devolviera los diezmos. Otra rareza: el hecho sucedió en diciembre, un mes que no se utiliza para impartir justicia sino para “raspar la olla”, dejar libres a sujetos de alta peligrosidad o fijar por chiste el salario mínimo. Para los que llegaron tarde, es bueno recordar que la Cámara investigó a Pretelt por una supuesta comisión para fallar una tutela a favor de Fidupetrol, concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos y destrucción y apropiación de bienes protegidos (parece que fuerzas paramilitares presionaron a campesinos de Urabá para que le vendieran sus tierras a Pretelt). A pesar del surtido prontuario, Pretelt sigue atornillado a la presidencia de la Corte Constitucional, un tribunal otrora famoso en Latinoamérica por su solvencia moral, independencia política y sapiencia jurídica. Sin ánimo de molestar a nadie, recordemos que fue Álvaro Uribe quien llevó a Pretelt hasta ese alto sitial, y que el expresidente, su bancada y el procurador lo defienden a capa y espada. “Pretelt es otra víctima de la persecución política desatada… etc.” ¿Habemus Cámara? ¿El espíritu de la Navidad conmovió a los representantes? Por supuesto que no. Fue solo que el prontuario es demasiado escabroso, incluso para los estándares de esa laxa corporación, y el repudio nacional que genera el personaje es muy alto. Con estas consideraciones en mente, sumadas a la pésima reputación del Congreso, los representantes entendieron que votar a favor de Pretelt era un harakiri. Con todo, el 32% de los representantes respaldó al sujeto. La votación fue así: los 13 representantes de Cambio Radical votaron SÍ (sí acuso). En la bancada de la U el SÍ ganó 28 a 5; entre los liberales, 28 a 7; el Partido Verde y el Polo Democrático votaron en bloque por el SÍ; en la bancada conservadora, en cambio, el SÍ perdió 6 contra 15, y el Centro Democrático volvió a hacer gala de su férrea disciplina a la hora de votar: 0 (cero) contra 15. Una goleada notable a la Justicia, sobre todo si tenemos en cuenta la irritación que les producen las penas blandas a los amigos de la “Paz pero sin impunidad”. El caso de Pretelt está, pues, en manos del Senado, que solo puede condenarlo por indignidad porque no tiene potestad para decretar penas privativas de la libertad; es decir, lo que se le hará allí es un juicio político. Con independencia del fallo, la Corte Suprema de Justicia le sigue un juicio penal. Sean cuales sean las sentencias que emitan estos tribunales, todos debemos acatarlos. Desconocerlos, por intereses gremiales o por la absurda polarización partidista, atenta contra el principal activo de la democracia, la institucionalidad política. Cuando un sector representativo de la sociedad desconoce las sentencias de sus tribunales, la nación entera está al borde del abismo de las soluciones de hecho.