La ley de víctimas

La ley de víctimas

Junio 09, 2011 - 12:00 a.m. Por: Julio César Londoño

Al fin se aprobó la ley de víctimas. Por esta vez, la aplanadora del Congreso sirvió al bien. La ley tendrá una vigencia de diez años, define como víctimas a todas las personas afectadas por la guerra… perdón, por el conflicto, sin considerar si los victimarios hayan sido la guerrilla, el Ejército o sus primos, los paramilitares; contempla la reparación moral y/o económica, la devolución de las tierras, la inclusión de las minorías étnicas, y la creación del marco jurídico y de las entidades administrativas que coordinarán el ambicioso y ojalá histórico proyecto.La ley cubrirá a las personas afectadas desde 1991 en adelante, según el texto aprobado por la Cámara, o desde 1985, según la versión del Senado, porque este fue el año en que fracasaron las negociaciones de paz con las guerrillas, empezó el exterminio de la UP, nacieron los paramilitares y el M-19 se tomó el Palacio de Justicia.El punto más difícil de concretar será la devolución de las tierras a los desplazados. Alberto Lleras Camargo lo intentó en 1959 pero se le atravesó medio país, un aguerrido ejército de notarios, abogados, inspectores, senadores, alcaldes, policías, gamonales, ganaderos, latifundistas, sacerdotes… La oposición presentó una ley semejante durante la administración de Andrés Pastrana, y otra vez se atravesó el establecimiento en pleno, ahora reforzado por los paramilitares y los narcotraficantes. En el 2009 los senadores Juan Fernando Cristo y el representante Guillermo Rivera presentaron una ley de restitución de tierras pero la hundió un prohombre que era gamonal, ganadero, latifundista, sacerdote y culebrero.Álvaro Uribe alegó que la ley sería letra muerta porque costaba $85 billones. En realidad, y según cálculos del Ministro de Hacienda actual, la ley de víctimas costará unos $23 billones repartidos en diez años, o $2,3 billones anuales. Todavía es mucha plata, sin duda, pero es mucho menos que lo que se embolsillan en un año los bancos, las EPS, la DNE, los Nule, los Moreno, los generales y las Cooperativas de Trabajo Asociado. Esto, en cuanto al costo de la ley. En lo que toca a la tierra, la meta del Presidente es aterrizada: restituir dos millones de hectáreas antes de terminar su mandato. Es una cifra enorme comparada con las 113.000 hectáreas restituidas entre el 2002 y el 2010, pero el gobierno tiene en el bolsillo un plante muy significativo: hay un millón de hectáreas en proceso de extinción de dominio. Y eso que la DNE y el Incoder trabajaban 24 horas diarias para los narcos y sus testaferros. En el futuro, esta cifra debe mejorar. Aunque nadie es muy optimista con respecto al futuro de la ley de víctimas, los más sensatos reconocen que es un esfuerzo en la dirección de correcta y que ataca el meollo mismo del conflicto, la posesión de la tierra. “Ahora sólo resta un acto de generosidad del establecimiento”, escribió en estos días un buen hombre en su columna. Se equivoca: no se trata de generosidad sino de elemental justicia; de honradez, así sea tardía. Se trata de devolverles a centenares de miles de las familias más humildes del país rural, una parte de lo que les han arrebatado a sangre y fuego durante decenios, y siempre a la vista de la muda, de la distinguida, de la altiva y ajena población urbana.

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