El prontuario del magistrado

El prontuario de Henry Villarraga, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, es largo y surtido. Empezó como concejal, lo que no es deshonra, en Purificación, Tolima, en 1992. Pese a su tamaño (30.000 habitantes en 35 km2), de allí han salido sujetos como Hipólito Moreno, el expresidente del Concejo de Bogotá implicado en el caso del jugoso CVY de las ambulancias y en el carrusel de la contratación del Distrito; Carlos Ariel Sánchez, Registrador Nacional, investigado por el tema de ‘la registraduría paralela’, y el magistrado de marras, alias El Diablo Villarraga. Ningún otro municipio colombiano, ni siquiera los del Valle, Antioquia o la Costa Atlántica, produce tantos peces gordos por km2.Como concejal, Villarraga incursionó en el pujante sector de las urbanizaciones piratas y luego pasó al de transporte legal.No es clara la historia de cómo su camioneta Nissan Frontier terminó en manos del bloque Tolima de las AUC en 2001. Aunque él dice que los paramilitares se la robaron, en la Fiscalía reposa un expediente según el cual la empresa de Transporte Purificación, gerenciada por Villarraga entre 2000 y 2002, era una de las financiadoras del bloque Tolima.En el 2003 se supo que había fundado con Carlos Ariel Sánchez una firma que asesoraba a “políticos quemados”, lo que se conoció en los expedientes y en el bajo mundo como “la registraduría paralela” (recordemos que, de no ser por la oportuna reacción del presidente Santos, la Registraduría de Cali habría descabezado al candidato Rodrigo Guerrero a finales de 2011). En el 2008 fue ternado por Álvaro Uribe para el Consejo Superior de la Judicatura y finalmente elegido para esa alta dignidad gracias al lobby en el Congreso de Carlos Ariel Sánchez (Uribe había prometido eliminar la Judicatura en el 2002, cuando ya era un tribunal perrata, pero luego decidió fortalecerla en aras de los intereses superiores de la nación, así sus opositores digan que lo hizo para defenderse de las investigaciones de cortes menos dóciles).En 2009 se destapó la letrina conocida como el carrusel de las pensiones en las altas cortes, y la toga de Villarraga, entre otras, salió untada hasta el birrete. Pero como el Diablo sabe cómo hace sus cosas, la investigación fue a parar a la Comisión de Acusaciones, donde no se tomaron ni siquiera la molestia de abrir las cajas de los expedientes del caso. Sin rubor alguno, acaban devolverlas, selladas, a la Contraloría.Por último, la semana pasada se conoció una conversación telefónica en la cual el coronel (r) Robinson González del Río le pide a Villarraga que pase su caso (una docena de falsos positivos) a la Justicia ordinaria.Que nadie culpe al coronel: sangre turbia corre por su sistema paralinfático: el crío es sobrino de Rito Alejo del Río. Villarraga negó que haya recibido 400 millones de pesos por “la vuelta”, aceptó que fue incorrecto hablar en privado con un del Río y pidió una licencia de 90 días no remunerada (el mismo escampadero que utilizó durante el temporal del carrusel de las pensiones). La Comisión de Acusaciones pidió la suspensión del magistrado (quizá se les rebosó la paciencia: Villarraga tiene abiertos 16 procesos en ese severo tribunal). Parece que todo, hasta el cinismo de esa Comisión, tiene un límite.