Bumerán

Bumerán

Abril 10, 2019 - 11:40 p.m. Por: Jorge Restrepo Potes

La mayoría de los colombianos no ha entendido la denuncia que hizo Daniel Coronell en Semana sobre el silencio que guardó la doctora Cristina Lombana en la hoja de vida que presentó a la Corte Suprema de Justicia cuando aspiró a ser nombrada magistrada de la Sala de Instrucción de esa corporación.

Esa sala es un ente nuevo de la administración de justicia, pues constituye la primera instancia de los procesos contra las personas que gozan de fuero, por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe, que siempre solicitó que todo sindicado tuviese acceso a juicio con doble instancia, pidiendo además que este procedimiento sea retroactivo para ver si logra que Andrés Felipe Arias eluda la sentencia por la que fue condenado a 17 años de cárcel.

Resulta que el senador Uribe formuló denuncia ante la sala penal de la Corte Suprema contra el también senador Iván Cepeda porque aquel consideraba que este había incurrido en el delito de manipulación de testigos en otra investigación en la que aparecen el expresidente y su hermano Santiago.

La sala, con una grabación de conversación telefónica de Uribe con otro de sus abogados, decide que no es Cepeda el manipulador sino el denunciante, es decir Álvaro Uribe Vélez, y dirige contra este la pesquisa.

Uribe, alegando razón de ‘honor’ le envía al presidente del Senado, Ernesto Macías, carta de renuncia a la curul, pero dos días después llama a su obsecuente servidor y le ordena que engavete la nota de renuncia hasta nueva orden, lo que es una indelicadeza del remitente y una omisión torticera de Macías, que ha debido darle curso inmediato.
¿Qué hay detrás de todo ese ‘tinglado de la antigua farsa’, como escribió Jacinto Benavente en su drama ‘Los intereses creados’? Pues simplemente que Uribe cayó en la cuenta – o le hicieron caer en ella - que pronto se iba a instalar la nueva sala de instrucción con doble instancia y que era mejor esperar ese escenario por ser más favorable para él.

Ahora sabemos por Daniel Coronell que esa sala de instrucción es la que conoce del asunto Cepeda contra Uribe, y que la magistrada que tiene a su consideración el caso es la doctora Cristina Lombana, que omitió en su hoja de vida que examinó la Corte para nombrarla, que había laborado como abogada en el próspero bufete de Jaime Granados, abogado defensor de Álvaro Uribe y de su hermano en este litigio y en otros surtidos.

La disculpa de la doctora Lombana es tan inverosímil que es imposible darle crédito: que cuando llamó por teléfono a la oficina de Granados, un desconocido le contestó que no aparecía registro de su vínculo laboral con el reconocido jurista, pero que sí trabajó con él por varios meses hace unos años.

Entonces, no se puede creer en la imparcialidad de un juez que ha sido subalterno del abogado defensor del acusado. La magistrada, si tuviera un ápice de dignidad, ha debido declararse impedida para conocer del asunto que le fue asignado. Como no lo hizo, el senador Iván Cepeda por medio de su apoderado presentó la recusación, y es de esperar que la sala la separe y nombre un magistrado confiable.

Desde luego, el senador Uribe gritará en todos los micrófonos que esta es una nueva persecución política para tratar de enlodar su purísima trayectoria vital. No hay tal persecución política. Se trata simplemente de un reclamo por la recta administración de justicia. Nada más pero tampoco nada menos.

A veces el bumerán se devuelve y golpea al ‘presidente eterno’.

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