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La peligrosa sala de espera de Estados Unidos

Enero 12, 2020 - 06:20 a. m. Por: Jorge Ramos

Para los inmigrantes centroamericanos, México se ha convertido en una sala de espera para entrar a Estados Unidos increíblemente peligrosa. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha cedido ante las presiones del mandatario estadounidense, Donald Trump, y aceptó que Estados Unidos envíe a su territorio a decenas de miles de centroamericanos que están solicitando asilo político mientras se resuelven sus casos en los tribunales estadounidenses.

El resultado es terrible: carpas a la intemperie en la zona fronteriza de México, los niños -sin escuelas ni servicios médicos- duermen en el piso en pleno invierno, los adolescentes permanecen expuestos a grupos criminales y todos esperan por meses (o más) en un territorio amenazado por los carteles de las drogas y traficantes de seres humanos.

Eso es lo que aceptó México.

Es irónico que México -un país que durante décadas fue exportador de inmigrantes al norte- ahora se ha convertido en el principal obstáculo para que muchos centroamericanos puedan llegar a Estados Unidos. México no debe ser la sala de espera de su vecino. Los limitados recursos estatales y el presupuesto federal deberían dedicarse a controlar el crimen que asola a México y reducir la pobreza, no a romper los sueños de personas que solo quieren cruzar por su territorio.

Bajo el programa conocido como Quédate en México (o Migrant Protection Protocols), el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos ha obligado a casi 50.000 solicitantes de asilo y a otros migrantes, sin importar desde dónde llegaron al país, a esperar en México, según el informe de Human Rights First. Y ya hay más de 340 casos reportados de violaciones, secuestro, tortura y otros actos violentos contra esos inmigrantes. A esta cantidad hay que sumar todos los casos que las víctimas no se atrevieron a reportar.

Para los centroamericanos que están huyendo de las pandillas y de la violencia es una locura pensar que, por ejemplo, Tamaulipas, un estado al norte de México, es un lugar seguro. No lo es. Muchos inmigrantes están siendo desplazados a las ciudades fronterizas de Matamoros y Nuevo Laredo. Es paradójico que, como señala Human Rights First, el mismo Departamento de Estado que ahora lleva a personas que piden asilo a Tamaulipas, considere que el nivel de peligrosidad del estado es 'Nivel 4', como el de Afganistán, Iraq, Siria, Somalia o Yemen. Para no irnos más lejos, los informes del mismo gobierno de López Obrador reconocen que de enero a noviembre de 2019 asesinaron a 790 personas en Tamaulipas y que, aunque la violencia disminuyó respecto a 2018, sigue siendo un estado peligroso.

Los últimos años, los más violentos registrados en la historia moderna del país, han demostrado que el gobierno de México no puede garantizar la vida ni siquiera a los mexicanos. Y ahí es donde han caído miles de personas que han migrado, entre otras naciones, de Venezuela, Cuba o el Triángulo del Norte. No tienen más opción que esperar. Regresar a las dictaduras de Cuba o Venezuela es impensable. Y para muchos centroamericanos volver a sus países de origen podría significar la muerte.

Yamali Flores y Josué Cornejo son una pareja hondureña, con dos hijas pequeñas y un adolescente, y fueron forzados a regresar de Brownsville, Texas, a Matamoros, Tamaulipas. Vienen huyendo de la violencia.

“Estábamos en trámite de pedir asilo en México, pero vimos a uno de los jefes de las personas que mataron a una tía [...] y se metieron a la casa mientras estábamos durmiendo”, me dijo Josué en una entrevista el otoño pasado. “Entonces le dije a mi esposa que aquí no había de otra [...] y por eso decidimos cruzar el río” y llegar a Estados Unidos.

A pesar de que Josué había protegido del agua las ‘evidencias’ del peligro al que estaban expuestos en Honduras y México, las autoridades estadounidenses los arrestaron -por haber cruzado ilegalmente- y luego regresaron a los cinco a México.

Esto es relativamente nuevo: entrar con niños y sin documentos válidos a Estados Unidos ya no es una garantía para poderse quedar. Todo forma parte de las nuevas medidas del gobierno de Trump, que han logrado reducir significativamente el número de inmigrantes indocumentados que se quedan en el país. El informe de Human Rights First calculó que se les ha negado el ingreso a Estados Unidos en los puertos de entrada a 26.000 solicitantes de asilo debido a una medida conocida como ‘metering’ (o cuentagotas) que esta organización considera ilegal.

“¿Cómo se sienten en Matamoros?”, le pregunté a Yamali. “Nos sentimos asustados, angustiados de ver muchas cosas que pasan aquí. Y tenemos que seguir esperando mucho más todavía para poder lograr el asilo en Estados Unidos […]. No importa si son ocho meses. Aquí vamos a estar”.

Ellos no tienen un abogado que los represente ni el dinero para contratar a uno. Eso reduce enormemente las posibilidades de que su caso sea aprobado. Yamali me asegura que llora algunas noches. “Es difícil ver a nuestros hijos durmiendo en el suelo”.

México, conscientemente o no, le está quitando a la familia de Yamali y Josué la posibilidad de vivir en un lugar seguro. Además, ni el gobierno de López Obrador ni el estado de Tamaulipas parecen tener la capacidad económica y estructural para atender apropiadamente a tantos inmigrantes. Esto, y las expresiones xenofóbicas de algunos mexicanos -como las marchas en las que los manifestantes gritaron “fuera los maras” o “México para los mexicanos”-, auguran más tensiones y más abusos para los inmigrantes que son reubicados en México.

A través de una pantalla en Skype, Yamali y Josué me presentaron a sus hijos, David, Génesis e Ivonne. “Nosotros solo queremos que ellos sigan viviendo”, comentó su madre, “que lleguen a ser adultos”.

Les pregunté qué pasaría si regresan a sus hijos a Honduras. “Los matarían a todos”, dijo el padre.

La situación es crítica para los migrantes centroamericanos. No pueden alcanzar la seguridad en Estados Unidos, pues este país sigue regresando a miles de inmigrantes a México. Tampoco pueden regresar a sus países de origen, donde solo encontrarían la muerte. Entonces, deben esperar en algunas de las zonas más peligrosas del territorio norte de México.

Algo debe hacerse para ayudar a Yamali, Josué y sus hijos, pero debe hacerse ya.

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