Seguridad en Cali

El alcalde Maurice Armitage trajo de Bogotá a un experto en el asunto, Andrés Villamizar, quien ha diseñado estrategias con resultados positivos. Es probable que la tasa de homicidios baje en 2019 de casi 50 por cada cien mil habitantes a menos de 40, lo que significa una reducción del 20%. Parte esencial del buen resultado es la estabilidad en el Comando de la Policía Metropolitana, en cabeza del brigadier general Hugo Casas, quien ha estado al frente de la tarea desde comienzos de 2017. Sin embargo, los logros no deben ocultar la verdad: la situación es inaceptable. Cali es la tercera ciudad del país en población, y no tiene sentido que en ella haya 80% más homicidios per cápita que el promedio del país, a su vez muy alto, del orden de 25, cuando en los países desarrollados la tasa es inferior a 5 por cada cien mil habitantes. La situación invita a reflexión.

Cali era una ciudad segura hasta que el narcotráfico la inundó en los ochenta. Su población era del orden de un millón hace medio siglo. Hoy es del orden de 2,5 millones, y casi 3 millones si se incluye Yumbo, Jamundí y la zona de Candelaria adyacente a la ciudad. La erosión de valores asociada al crimen organizado permeó incluso la policía. El incremento desmedido de la violencia también ocurrió en Medellín, pero en esa ciudad, la segunda del país en población, hubo reacción de las fuerzas vivas de la comunidad ante el flagelo de los violentos, de manera que, tras haber sido la ciudad más violenta del mundo en el apogeo de los carteles, hoy tiene tasa similar al promedio nacional, y sus administradores han fijado el objetivo de bajar a 15 homicidios por cada cien mil habitantes.

La dilución de responsabilidades entre policía y administración municipal es un factor adverso; otro relevante es la fragilidad institucional de la Policía Nacional, cuya vinculación al Ministerio de la Defensa ha sido cuestionada; la debilidad de la rama judicial y la escasa eficacia de la Justicia penal también son parte del problema, que no se limita a Cali: el asunto afecta a todo el suroccidente y al Chocó de manera muy marcada. Los caleños no tienen, en general, ética diferente del resto del país, pero el impacto del narcotráfico exige esquemas mucho más ambiciosos para que el Estado haga efectivo el monopolio del poder coercitivo; esta responsabilidad, por definición, le corresponde. La ciudad y la región deben exigir al gobierno nacional planes efectivos, con metas, cronogramas y responsables, y hacer seguimiento. No se entiende que no haya los recursos necesarios para aumentar el número de policías al nivel necesario, ni que corresponda al Municipio el suministro de combustible para que la policía se pueda desplazar por la ciudad. Además se debe invertir en tecnología de diversa índole para hacer más eficiente la gestión, desde herramientas para detección de conductas desviadas hasta sistemas para procesar datos. Por último, es clave la tarea educativa de los gobiernos nacional y municipal con la comunidad para crear tejido social.
La buena gestión en seguridad tiene beneficios éticos, abarata la gestión, mejora la calidad de vida y aumenta la competitividad de la ciudad. ¿Por qué no hacerla?

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