Petro y su laberinto

Gustavo Petro no debe ser presidente de Colombia. Su trayectoria y sus propuestas lo descalifican. Comenzó como servidor público negándose a cumplir tareas encomendadas cuando César Gaviria lo nombró en la embajada de Colombia en Bruselas, con el argumento de que no creía en el Estado colombiano. Su desempeño en la Alcaldía de Bogotá fue deficiente. Su relación con los colaboradores inmediatos fue inconsistente, por lo cual los más destacados se desvincularon pronto; los habitantes de la capital no conocen el desastroso resultado financiero de su administración, y está claro que su versión de la gestión del servicio de aseo riñe con los hechos.

Se ha destacado en el Congreso por sus intervenciones elocuentes en contra de los gobiernos, pero no ha tenido iniciativas serias en asuntos fundamentales relacionados con el diseño del Estado. Sus propuestas económicas serían fatales si las aplicara. Protegería la producción nacional a ultranza, dizque para asegurar el empleo; presume conocimientos de economía pero no comprende que cada región se debe enfocar en las actividades donde tiene ventajas relativas, para ser eficiente, captar mercados más allá de las fronteras, y así crecer rápido de manera sostenida y con impulso a la construcción de conocimiento; su estrategia se parece a la propuesta de algunos empresarios que defienden beneficios fiscales y protecciones arancelarias y de otras clases, en vez de propiciar eficiencia en la asignación de recursos escasos.

De especial relevancia para la región es la premisa de que el gobierno central debe escoger qué cultivos se adelantan en el Valle del Cauca; ha expresado animadversión por la caña de azúcar y anunciado preferencias por el aguacate para exportación; la plena sustitución cobijaría a más de 200 mil hectáreas, área similar al total sembrado en México, primer productor mundial; una operación de esa dimensión con precio envilecido por sobre oferta y sin ventajas en transporte, sería absurda. El Valle debe diversificar cultivos, pero eso requiere política agroindustrial consistente, y no dictámenes gubernamentales.

Haría gasto público con el dinero segregado por los trabajadores para asegurar jubilaciones; el erario asumiría la carga pensional sin limitaciones, con gravosas consecuencias, máxime que la calidad de los usos sería discutible en el mejor de los casos. Ha anunciado acabar con la exploración en busca de petróleo, lo cual sería muy lesivo para la economía y las finanzas públicas por ser hoy el primer producto de exportación; buscar nuevas reservas es importante, y no excluye la ejecución de tareas para desarrollar energías sostenibles. Las propuestas de apoyo a la población vulnerable en el país de Petro, con escaso crecimiento y bajo valor para el trabajo, no serían financiables.
Finalmente, volvería estatal la gestión del servicio de salud para los usuarios, con grave riesgo para ellos, las instituciones prestadoras y los profesionales; lo existente admite mejoras importantes, pero sus defectos no justificarían el retroceso.

Petro ha anunciado un proyecto para liberación de presos que beneficiaría a cien mil reclusos, con lo que llama “perdón colectivo”. Olvida que las faltas deben evaluarse de manera individual. Aspira a presidir un país y es ciudadano de otro, al que ha jurado fidelidad. Habla bien, pero los elementos enunciados llevan a concluir que elegirlo sería desastroso.