¿Para qué ser presidente?

Los países de Latinoamérica recibieron de Estados Unidos el régimen presidencial. Quizás sus pueblos anhelan caudillos, y por ello no se ha considerado otra opción. Prefieren hacerse ilusiones con promesas de imposible cumplimiento en campañas estridentes. En Colombia la cosa es de especial gravedad, porque los presidentes tienen autoridad muy limitada. Sólo controlan las Fuerzas Armadas, de discutible eficacia. Como no hay partidos políticos, el proceso para obtener el respaldo del Legislador conlleva la compra de votos uno por uno. Para nombrar funcionarios que no sean de libre nombramiento y remoción los gobiernos deben someterse a los procedimientos de la Comisión del Servicio Civil, que no controlan. No tienen autoridad para sancionar, función asignada a otra rueda suelta: la Procuraduría. Tampoco tienen la responsabilidad por el control interno o conjunto de mecanismos orientados a asegurar que las transacciones atiendan los criterios y objetivos fijados, misión a cargo de otro ente de discutible naturaleza: la Contraloría. Estas dos instituciones se cruzan cables con la Fiscalía, cuyo papel de acusar a los presuntos delincuentes es claro pero cuya eficiencia es baja. Los presidentes no se relacionan de manera fluida con las entidades territoriales, cuyas poblaciones sufren fluctuaciones drásticas en la gestión de salud, educación, movilidad y servicios domiciliarios sin que el Gobierno central pueda hacer mayor cosa. Los presidentes tienen serias limitaciones para asumir compromisos de largo plazo pero formulan planes retóricos a cuatro años que no se traducen en realidades. Invocan el deseo como magos capaces de lograr transformaciones, pero están sometidos a un esquema institucional desarticulado e ineficiente, que es el mayor obstáculo en el camino de la prosperidad. Invita a la corrupción y desincentiva a quienes están calificados para el servicio público pero prefieren evitar la cacería de brujas de los órganos de control, cuyos titulares usan la dignidad para cultivar su imagen con investigaciones selectivas y sesgadas. Es paradójico: abundan personas con anhelo de inmortalidad en un mundo sin memoria, donde la farándula efímera sustituyó las hazañas de héroes míticos. Por eso muchos líderes se enredan con el poder público sin sentido crítico. Proponer buenas instituciones sería un camino más sensato al reconocimiento, pero la vanidad pierde a quienes están en posición de promover el cambio. Un régimen parlamentario con elementos que aporten estabilidad es más apropiado en este mundo complejo, en el cual los errores de un administrador pueden desorientar a un país y las decisiones colegiadas, fruto de diversos criterios y experiencias, tienen más probabilidad de acierto. Un acuerdo entre el presidente Santos y el caudillo que lo precedió podría resultar en procesos públicos eficaces, legislador representativo, rama judicial independiente y verdadero desarrollo sostenible en lo económico, lo social y lo ambiental. ¿Habría disposición a renunciar a discusiones inanes, para beneficio de todos?