No hay derecho

Ninguna norma legitima la desatención masiva de sus deberes por los funcionarios de la rama judicial. La raíz de asunto: nadie tiene la culpa, pero la productividad es muy baja. Como consecuencia, se produce congestión. El gobierno asignó recursos transitorios para resolver el problema, pero se acabaron sin resolver el problema. Asonal Judicial aprovechó la circunstancia para demostrar que puede paralizar los procesos judiciales, con el respaldo de una mayoría abrumadora de los afiliados. Hay consenso en la inutilidad de asignar la responsabilidad por la gestión al Consejo Superior de la Judicatura, pero no hay compromiso de revisar cómo se escogen los jueces y funcionarios que apoyan su trabajo en todas las instancias, cómo se los dota de las herramientas tecnológicas apropiadas para que su trabajo sea fácil y de buena calidad, cómo se los mantiene vigentes mediante capacitación permanente y sistemática, y cómo se evalúa su desempeño. Ni siquiera hay claridad sobre la subordinación jurisprudencial de las demás cortes a la Corte Constitucional, asunto esencial para acceder algún día a la calidad de sociedad civilizada. Con frecuencia hay choque de trenes entre las altas cortes. La Fiscalía estudia cómo deben ser las normas, asunto que no le compete; para ello están el Congreso de la República y el espacio que la Constitución le da al gobierno para promover iniciativas.Desde hace mucho tiempo las empresas, ante la dilación en la atención de conflictos legales en los juzgados, optó por los tribunales de arbitramento, con la perceptible excepción del Grupo Aval, que se siente más protegido en las cortes. Por consiguiente, casi todos los pleitos comerciales importantes se atienden fuera de los juzgados, la mayoría a través de centros de conciliación y arbitramento de las Cámaras de Comercio. La Superintendencia de Sociedades también montó su propio negocio de tribunales de arbitramento con orientación a los procesos ejecutivos, y divulga con preocupante contundencia el contraste entre los indicadores de productividad y costo de la rama judicial y los suyos. El superministro Néstor Humberto Martínez, asesor de cabecera del Grupo Aval hasta su reciente nombramiento, se ha pronunciado sobre la supuesta conveniencia de prohibir las cláusulas compromisorias y los compromisos arbitrales a entidades públicas, lo cual hará aún más dispendioso dirimir las diferencias entre ellas y los particulares. Preocupa que no hay verdadero progreso en la atención efectiva a los delitos, asunto grave en Colombia por su elevadísima tasa de homicidios, y que las normas penales se modifican con criterio de lograr impacto en la opinión.Hay avances para resaltar: la calidad y productividad de los juzgados y tribunales en lo laboral han mejorado en forma perceptible desde la introducción de los procesos orales. Sin embargo, los pleitos pasan a dormir el sueño de los justos cuando llegan a la última instancia, que es la casación ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. ¿Hay derecho?