El pais
SUSCRÍBETE

Inicio

Artículo

La coca y la región

De allí que la región debería presionar al gobierno nacional para contratar a un grupo multidisciplinario de académicos norteamericanos, con el fin de evaluar los costos y beneficios de la prohibición en todos los países involucrados en la cadena

29 de junio de 2021 Por: Gustavo Moreno Montalvo

El Suroccidente es pobre en términos relativos: el ingreso per cápita del Valle es similar al promedio nacional, y los de Cauca, Nariño y Putumayo son muy inferiores. Además en la región abunda el cultivo de coca, y tres cuartas partes de las exportaciones de cocaína de Colombia salen por la Costa Pacífica. La proporción de minorías indígenas y negritudes es importante en los cuatro departamentos, lo cual puede ser fuente de complejidades sociales, pero también de oportunidades. Las posibilidades exigen consenso entre lo público y lo privado sobre estrategias de desarrollo en la región. La Cámara de Comercio de Cali ha identificado desde hace tiempo espacios con potencial para el crecimiento sostenido en el Valle, pero no hay compromiso de los actores públicos para construir largo plazo próspero alrededor de las oportunidades.

La participación de cultivos ilícitos es importante en la economía del Suroccidente. Si el valor agregado de la cadena de valor de la coca es del orden de 3% del producto interno bruto nacional, en la región puede ser doble o incluso más. El efecto de estas actividades en la distribución del ingreso suele ser regresivo. Además fortalecen la moneda, lo cual inhibe el desarrollo de otras cadenas productivas.

El impacto más grave, sin embargo, es en la moral pública y las expectativas de la comunidad; en Colombia, cuyas instituciones públicas son evidentemente ineficaces, el detrimento es serio. La mera erradicación no es camino eficiente para combatir al monstruo, pues por cada cabeza cercenada pueden surgir dos o tres: la prohibición genera márgenes enormes, que permiten financiar ejércitos paralelos. Es preciso llevar al Estado a la periferia, con provisión de seguridad, educación, justicia, infraestructura y paquete tecnológico para ofrecer a lternativas viables. Dado que el valor para los cultivadores es exiguo en comparación con el valor agregado total, un buen programa, liderado por el conjunto de las gobernaciones de la mano del Ministerio de Agricultura, el del Transporte y el de Defensa es el camino natural.

La experiencia prueba que las prohibiciones no producen resultados positivos. De allí que la región debería presionar al gobierno nacional para contratar a un grupo multidisciplinario de académicos norteamericanos, con el fin de evaluar los costos y beneficios de la prohibición en todos los países involucrados en la cadena. Sería conveniente que los contratados tuvieran sesgo de centro derecha para facilitar la construcción de confianza en la necesaria campaña de divulgación ulterior en el segmento poblacional de la Unión Europea con más reticencia a la legalización del consumo. Cabe anotar que la legalización de bebidas alcohólicas en 1932 debilitó de manera decisiva a las mafias italoamericanas, y que ya el estado de Oregon dio el paso de permitir el consumo, lo cual es precedente importante.

El país no puede abandonar al Suroccidente en manos del narcotráfico. No se puede admitir que las tasas de homicidio de Cali, Palmira, Buga y Tuluá sean el doble del promedio nacional, que Buenaventura esté en crisis permanente, que las necesidades básicas insatisfechas de la costa pacífica sean altísimas y que la región tenga ingreso per cápita muy inferior al promedio nacional. Las cartas están sobre la mesa. Hay que transformar los problemas en oportunidades. Nunca es tarde para hacerlo.
Sigue en Facebook Gustavo Moreno