Justicia en La Habana

Está en juego la cuarta parte del territorio nacional, donde el ejército insurrecto de menos de diez mil efectivos de las Farc, con edad promedio inferior a los 20 años, administra justicia. Ellos son eslabón muy importante en la cadena de valor de la coca, alimentada por la prohibición en los países desarrollados; el precio de venta al consumidor final permite sostener una estructura de poder que rige a menos de 3% de los colombianos. La negociación ahora versa sobre cómo convenir un régimen de justicia para desmontar esta circunstancia anómala.La justicia en Colombia no es eficaz; es improductiva y no es independiente. El diseño institucional que la define es pésimo. Las altas cortes dan mal ejemplo. El sector empresarial, en general, no se siente perjudicado en forma directa por esta situación, porque en los contratos comerciales se pacta arbitramento con órganos diferentes de los jueces de la República; la Superintendencia de Sociedades, que tiene su propia estructura para arbitrajes, se precia de sus cifras de velocidad y costo al compararlas con las de la justicia ordinaria. La Constitución y el Código Penal son colchas de retazos. Los procesos penales no se apoyan en las herramientas tecnológicas apropiadas; la declaración de un testigo pesa mucho y la ciencia poco. Críticos del proceso proponen que los enemigos con quienes se negocia en La Habana se sometan a ese sistema judicial. Eso haría imposible cualquier acuerdo. Debe haber claridad sobre lo acontecido, sanción para quienes violaron derechos fundamentales, así fuera en defensa de las clases oprimidas, y reparación a las víctimas, sea parcial o incluso simbólica. La negociación no es fácil. Hay una sanción mínima, la que evitaría proceso por la Corte Penal Internacional, por los delitos atroces, pero es imposible conocerla a priori. Tampoco se puede soñar con una entrega sin laxitud en la sanción. Es preciso buscar términos apropiados en un ajedrez complejo: sobre la comisión de delitos atroces no cabe duda. La aspiración a ingresar a la Ocde también genera límites a la flexibilidad.El costo de todo el esfuerzo se justificará si aprovechamos para pensar sobre nuestra situación como comunidad en Colombia y qué debemos hacer para cambiar rápido al menos en los problemas más visibles y dolorosos. Se requiere, en todo caso, ordenamientos diferentes en lo público y en lo privado. Los caminos son claros. Ya están inventados, y pueden ser fuente de bienestar para todos los colombianos, pero hay que construir el avión en pleno vuelo. Lo primero: Justicia independiente y eficiente. Lo segundo: terminar con el régimen presidencial y la retórica irreal sobre separación de poderes: el mundo de hoy es demasiado complejo, y requiere profesionales de lo público con responsabilidad, organizados en partidos con propuestas y reglas de conducta claras, en vez de legisladores independientes, con su respectiva clientela a bordo. Si se avanza rápido en la dirección correcta ganaremos, además, la guerra de la coca. ¿No sería suficiente?