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Dos empresas, una ciudad

Dos empresas son esenciales para el buen funcionamiento de Cali: Emcali y...

22 de febrero de 2016 Por: Gustavo Moreno Montalvo

Dos empresas son esenciales para el buen funcionamiento de Cali: Emcali y Metrocali. Ambas tienen un serio defecto de gobierno: las juntas directivas no nombran ni remueven al representante legal. En la segunda participa el Gobierno Nacional, que aportó el grueso de los recursos para la implantación de la receta importada para Bogotá por Enrique Peñalosa, e impuesta por Álvaro Uribe en las demás ciudades importantes, sin considerar las ventajas económicas y sociales que el tren ligero ofrecía para Cali. Hoy la fórmula establecida no es apropiada, porque la densidad vehicular de la ciudad asfixia al sistema. También la Nación alentó la creación de múltiples empresas para operar el sistema de transporte masivo: hay cuatro transportadores y un contratista central, que coordina la operación y administra la venta de tiquetes y su recaudo. Como consecuencia, cualquier problema de uno de ellos perjudica a todo el sistema y, por ende, a los usuarios. La contratación de la infraestructura fue motivo de controversia en su momento, pero más grave es esta fragmentación de la estructura contractual. El transporte masivo es monopolio natural, y debe tener un solo operador. Está bien que no sea público, porque la fragilidad de nuestras instituciones políticas aseguraría un desastre, pero debe ser uno solo, sólido y bien manejado.En el caso de Emcali, el Gobierno Nacional intervino para asegurar el pago al mercado de energía, aseguró el pago de las pensiones y la deuda financiera con otros acreedores, pero quedó de acreedor de más de un billón de pesos y, después de catorce años, devolvió la empresa en pésimas condiciones de operación. El perjuicio por las elevadas pérdidas de agua, casi el doble de las que había antes de la intervención, es mucho mayor que la deuda de la empresa con la Nación. Se puede tasar en cincuenta mil millones por año, sin sumar intereses. El gobierno central supo desde 2002 que la Nación tendría responsabilidad legal por el mal desempeño durante la intervención, pero desestimó el llamado de atención. Además declaró que los recursos que Emcali debiera a la Nación se usarían para la infraestructura de la ciudad, pero no llevó a cabo los actos administrativos necesarios para volver verdad esa promesa, y preservó la enorme burocracia central, que cuesta mucho y no agrega valor.El primer paso para que las empresas de cuya acertada operación depende nuestra ciudad funcionen bien es dotarlas de reglas de gobierno apropiadas. Así las juntas serán responsables de la gestión, y será más fácil establecer pautas de gestión de largo plazo, en armonía con las estrategias de desarrollo de la región. ¿Será difícil?