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Fracaso perpetuo

No deja de ser una calamidad que el nuevo gobierno haya caído en la trampa de la prisión perpetua, destinada, por ahora, a quienes atenten contra los menores.

14 de octubre de 2018 Por: Gustavo Gómez Córdoba

No deja de ser una calamidad que el nuevo gobierno haya caído en la trampa de la prisión perpetua, destinada, por ahora, a quienes atenten contra los menores. La discusión es factor inmenso de desgaste y distracción, cuando no aparente forma de justificar la ausencia de planes serios de restauración moral.

La prisión perpetua, lejos de aumentar la reducida tasa de sentencias de condena para esta clase de peligrosísimos delincuentes, las volverá más escasas y demoradas. La complacencia e irresponsabilidad con esta deshonra del género humano continuará rauda: la deficiencia investigativa se multiplicará, la ausencia de control para los funcionarios vinculados al trabajo con estos casos no se corregirá, los centros de reclusión perpetua no aparecerán de la noche a la mañana y los costos (más exorbitantes) impedirán su creación y funcionamiento.

Esto sin contar el temible imperio que desatarán en los penales los sentenciados irredimibles, los conflictos que avivarán sus familias o la instintiva reacción, ante semejante alternativa, de los criminales contra sus indefensas víctimas. El aparato judicial se hará más lento de lo que es, ayudado por los recursos y medios de defensa de los procesados.
¿No será factible ahorrarnos ese descomunal gasto y ese rotundo fracaso penitenciario, destinando una pequeña, pero efectiva, prisión de las existentes a los reos de tales conductas?

Nadie deja de reconocer la gravedad del horrendo acto. Pero no es el único con tal caracterización, porque aquí se dan quince o más delitos y delincuentes de igual gravedad y repudio. Cada año tendremos nuevas agregaciones que merecen esta categorización. Esto se sabe cómo empieza, pero no en dónde y cuándo termina.

Intentemos medidas más realistas. Para satisfacer el apetito punitivo, se podría ensayar un aumento de pena y un más severo tratamiento de reclusión. Además de las naturales exclusiones de rebajas o beneficios y un control de los jueces que conocen de esta clase de conductas. Ese es el camino para sancionar los vencimientos indebidos de términos, como también el exigible mejoramiento de la fase de instrucción para dar pronto con el delincuente y hacerle efectiva su responsabilidad.

Urge robustecer el Instituto de Medicina Legal, contar con una sección verdaderamente especializada de la Policía Judicial de la Fiscalía y tener un cuerpo élite de la Policía constituido en cada departamento y con rápida movilidad.

Se necesitan jueces penales del circuito y tribunales, para la primera y segunda instancia, y sanciones disciplinarias drásticas para esta clase de jueces (magistrados o fiscales) que no rindan de manera efectiva.
Son medidas sin mayores costos, a la mano y de inmediata aplicación, que merecen ser puestas en marcha antes de pensar en cadena perpetua o pena de muerte (o la macabra receta del orate Rodrigo Duterte, en Filipinas, que en dos años ha eliminado físicamente a siete mil delincuentes).

Un nuevo y lamentable fracaso es el que se avecina. A la vista está que nos quedaremos con el pecado y sin el género. Y como un fracaso se subsana con otro mayor, iremos camino de la pena de muerte ante el rotundo desacierto e inefectividad de la condena perpetua.

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Ultimátum. El periodista que ve enemigos personales en los protagonistas de la vida pública, termina enemistado con el periodismo. Y el que rectifica o corrige con palabras ofensivas, víctima de nuestro gran pecado: la soberbia.

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