Eterna

¿Por qué el presidente Duque no envía la terna para elección de Fiscal a la Corte Suprema de Justicia? Oficialmente nadie lo sabe.
Extraoficialmente se comenta que solo la hará llegar cuando la Corte supla las plazas vacantes de magistrados, pues no quiere desgastar a los ternados en votaciones que podrían estar distantes de un resultado expedito.

El asunto tiene cierta lógica que uno debería entender: la misma del enamorado que no se declara porque teme que le den el no. Y a todos nos gusta el sí. Bueno, en el caso de un presidente respaldado por el Centro Democrático, debe hacerse la aclaración de que el asunto del sí y del no nada tiene que ver con plebiscitos sobre la paz.

Una cosa son los cálculos que se hacen en Palacio, las cuentas que van y vienen sobre las pasiones o malquerencias de los magistrados, y otra el deber presidencial de enviar la terna. Es un desacierto retardar su presentación, sobre todo si la acción presidencial tiene precedentes poco afortunados.

Primero se expidió un decreto para recuperar la autonomía presidencial en este menester: adiós a las entrevistas y filtros, pero ahora es el propio gobierno el que erige atrancamientos. Las dos situaciones son diferentes, autónomas y de personal cumplimiento: el presidente Duque es quien hace la nominación y la Corte, encargada de decidir a quién nombra y cuándo.

Aquél está omitiendo el cumplimiento de una obligación que puede generar problemas disciplinarios, y hasta penales, por eludir la ejecución de un mandato y atribución. Estos, a su vez, incurren en similares faltas o conductas punibles. Si los magistrados no colman las vacantes darán a entender, contra lo que pregonan a diario sobre el excesivo recargo de trabajo judicial, que las magistraturas sobran y estorban, lo cual llevaría a pensar que es necesario suprimir esas plazas que no se han querido atender (más las que quedarán vacantes el año entrante).

Las componendas políticas y de agenda no pueden demorar el nombramiento de magistrados. Satisfacer esas plazas no es un favor que la Corte le hace al país: es un deber. En la medida en que falten magistrados, hay menos cabezas para pensar y definir situaciones que afectan a los colombianos. Gran contradicción: no nombrar es algo que no tiene nombre. Un descaro y un abuso.

Nada aquí en contra del fiscal encargado, Fabio Espitia. No es norte de esta columna cuestionarlo, cuando ha sido cumplidor de su tarea. Tanto, que bien podría su nombre estar incluido en la terna que no llega. Aquí lo que está sobre la mesa es que ni Presidencia ni la Corte se animan a honrar las funciones que derivan de su dignidad.

En momentos de extrema gravedad y amenazas de futuros más inciertos y tenebrosos, hay que preguntarse por el paradero de la ministra Margarita Cabello Blanco, que mal haría en admitir más retardos, y quien debería aconsejarle al presidente que la tarea del Ejecutivo es ejecutar. Y, con el debido respeto a la independencia de la rama de la que ella proviene, mandar un contundente mensaje de agilidad en el nombramiento de nuevos magistrados.

Son tantos los problemas del país, que es desaconsejable crear otros artificialmente.

***

Ultimátum. Gran obra para el Caribe (y Colombia entera) es el nuevo Puente Pumarejo. El viejo, realmente se llamaba Laureano Gómez, pero nadie lo llamó así nunca y la costumbre lo convirtió en Puente Pumarejo, en honor de Alberto Pumarejo (alcalde, gobernador y ministro), quien fuera el principal impulsor de la obra. Laureado, más no Laureano puente.

Sigue en Twitter @gusgomez1701