Asaltantes

Un cuarto de siglo atrás, en años de dolores de cabeza con el Upac y crisis en el negocio de la construcción, bancos y constructores idearon una astuta manera de hacer dinero.

Los constructores sin recursos tocaban a la puerta de dueños de casas grandes, por lo general personas mayores, para proponerles entregar el inmueble a cambio de dos apartamentos (uno para vivir y otro para arrendar) en un edificio que edificarían en esos terrenos.

El constructor se las arreglaba para envolver, por debajo de la mesa, a los gerentes de crédito y cartera de las entidades bancarias, así que exhibía cartas donde la corporación supuestamente respaldaban la operación.

A los propietarios se les invitaba a suscribir una promesa de permuta de su casa-lote por los apartamentos. Los constructores alegaban que necesitaban un mínimo de crédito y que solamente se lograría si las casas quedaban a nombre de la constructora. Todo ambientado con la creación de sociedades de papel en las que los propietarios “jugaban” a ser parte de las juntas directivas.

Las casas generaban unos dineros que el banco entregaba a los constructores, pero que no llegaban a los proyectos actuales sino que se gastaban en pagar deudas anteriores. Los lotes terminaban hipotecados, y como en derecho lo accesorio sigue la suerte de lo principal, los futuros apartamentos quedaban gravados.

Buena parte del capital se iba también en enormes sueldos y prebendas que se pagaban los constructores, por lo que nunca satisfacían los créditos. Así que, terminado el edificio, los constructores se esfumaban y dejaban al banco con la hipoteca de mayor extensión. Los ancianos se hacían dueños de apartamentos que estaban hipotecados sin saberlo, pues las escrituras no mencionaban estas afectaciones.

El banco conocía la existencia de constancias que probaban que varios apartamentos debían quedar libres de la hipoteca de mayor extensión (pues con ellos se había pagado el terreno), pero se hacía el de la vista gorda. La ley protegía a este tipo de compradores y determinaba la invalidez de tales hipotecas, pero los bancos tenían aceitados a jueces y a magistrados de las salas civiles de los tribunales.

La banca los premiaba con préstamos a intereses irrisorios, justificados en políticas ficticias de condiciones favorables para funcionarios de la rama judicial. El Código de Procedimiento Civil contemplaba inhabilidades que impedían a los jueces decidir asuntos de bancos con los que tuvieran un crédito, pero un importante instituto de estudios en Derecho, apoyado por cierto poderoso grupo bancario y de construcción, se las arregló para animar una excepción que socavó esa inhabilidad.

Estos episodios macabros llegaron a los medios, pero fueron desvaneciéndose gracias a la generosa pauta del grupo involucrado en este desaguisado.

Los abogados que me refirieron esta conducta indecorosa no solamente guardan triste recuerdo del grupo empresarial que la alentó, sino de sus asesores jurídicos. Ellos firmaron conceptos determinantes para que los jueces y magistrados “untados” se sintieran legalmente amparados para participar en tales atropellos.

Uno de esos asesores, prestigioso abogado y consejero por años del grupo en cuestión, resulta ahora catapultado a grandes responsabilidades públicas. Ha de haber olvidado esta historia triste de corrupción judicial que el tiempo barrió bajo las togas y que en su momento nadie fiscalizó.

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Ultimátum. Más allá de la eterna discusión religiosa, nos vistió un hombre bueno, cariñoso y de trato grato con la gente. Acabó el Modo Papa. Volvemos al modo corrupción.

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