¿Y el Gobierno?

Puede criticarse al gobierno de Santos por apostar todo su capital político y su legado a la paz con las Farc. Pero hay que reconocer que si el proceso se consuma Santos ocupará un lugar privilegiado en la historia. Colombia será otra si el Estado no tiene el lastre de tener al mismo tiempo que hacer la guerra y modernizar medio país que vive excluido de sus instituciones.Por eso no deja de causar exasperación cuando el gobierno se deja coger ventaja en coyunturas apremiantes que exigen como mínimo un pronunciamiento contundente. Por más que el acuerdo básico sobre el que reposa la negociación sea que lo que ocurre en Colombia no debe afectar los diálogos en la Habana, Santos no puede pasar por alto hechos que afectan al proceso. Sería destruir con los pies lo que tanto demoró construir con las manos.Al día de hoy, por ejemplo, el tema duro de la negociación, que puede incluso empantanarla, es si los máximos líderes de la guerrilla van a pagar cárcel, en qué condiciones y durante cuánto tiempo. El tema es delicado porque es una concesión que no depende solo del gobierno.La justicia internacional, la presión de las víctimas de la guerrilla y del uribismo y el precedente de las penas negociadas con los paramilitares ponen al gobierno en una situación complicada. Si aprieta demasiado con la necesidad de que los jefes guerrilleros vayan a prisión se arriesga a que la negociación se alargue hasta hacerla inviable por los tiempos de la democracia y el escepticismo de la sociedad. Si, por otro lado, cede en este punto la oposición uribista se vendría encima y existe el riesgo que el proceso no quede blindado ante eventuales intervenciones de la Justicia internacional.En suma, el gobierno de Santos no la tiene fácil. Sin embargo, poco se ayuda cuando no lanza mensajes claros en medio de coyunturas que son críticas para construir confianza con las Farc. Recientemente varios jefes paramilitares han cumplido la pena pactada en el proceso de Ralito y por diversas razones la justicia se ha negado a autorizar su libertad.Es cierto que los paramilitares cometieron actos brutales contra la población civil y su inventario de crímenes es inagotable. Pero todo esto se sabía antes de haber firmado el acuerdo de paz con ellos en que se estableció una pena máxima de ocho años si cumplían con el resto de exigencias. Que el Estado no cumpla es un mensaje contundente para las Farc: si ceden en el tema de la cárcel van a estar sometidos a un Estado con un grave precedente de incumplimiento. Si llegan a estar recluidos, como lo están los paramilitares hoy, se encontrarán con que sus condiciones para reclamar el cumplimiento de los acuerdos son extremadamente desventajosas.El gobierno debería aprovechar la oportunidad para sentar una posición crítica sobre la necesidad de que el Estado sea una contraparte creíble cuando acuerda promesas en un proceso de paz. Por más independiente que sea la Justicia, el Ejecutivo debe reclamar que cumpla los compromisos pactados por el estado. De lo contrario será muy difícil hacer que las Farc crean que van a tener un tratamiento distinto si van presos. Ellos también han cometido actos brutales contra la población civil y los mismos crímenes que los paramilitares. Incluso si lo creyeran van a utilizar el caso como pretexto para negarse a ir a prisión bajo ninguna circunstancia y/o condiciones de reclusión.