Uribito y la Corte

En el caso de Uribito se cometió una enorme injusticia. La pena impuesta es exagerada si se compara con casos similares de corrupción y financiación de campañas. Es cierto que sería muy bueno que quienes favorecen a terceros para que luego contribuyan a sus campañas reciban 17 años o más, pero si es una norma que se aplica para todos. Basta echarle una mirada al caso de Odebrecht para ver como la justicia voltea para otro lado cuando se trata de la campaña de Juan Manuel Santos. O preguntarse por qué los Nule ya están fuera de una prisión, por qué la ministra Gina Parodi y su pareja fueron exculpadas sin mayor trámite o por qué Prieto, el subalterno de Santos, pronto estará de nuevo en la calle.

Es claro que desde la Justicia hubo una persecución política. El objetivo con el juicio y condena de Uribito era atajar a un potencial rival político, quizá la figura con mayor proyección dentro del uribismo. En ese sentido la injusticia fue enorme. Más que un juicio imparcial y con garantías, uno de los elementos básicos de una democracia y un Estado de Derecho, lo que hubo fue una operación con efectos en las elecciones.

Sin embargo, en el caso de Uribito también hubo una enorme dosis de justicia, si se quiere ‘divina” para aludir a un tipo de justicia irracional pero coherente con las conductas morales del involucrado. Lo que hizo Uribito es pésimo para la democracia. A Colombia le ha costado demasiado que su clase dirigente contribuya a enriquecer a terceros, sin mayor esfuerzo empresarial ni innovación, para asegurar los votos en la competencia a los cargos públicos. Además, hay testimonios, como el de Otto Bula, que apuntan a que Uribito estuvo relacionado con pagos irregulares de Odebrecht. Con una Justicia politizada el país pudo haberse salvado de un dirigente con las mañas de siempre. Dentro de lo malo, al menos algo bueno.

Pero al margen del caso concreto de Uribito, que esta semana obtuvo el derecho a una segunda instancia en su caso, lo más preocupante de todo lo ocurrido es que es demasiado evidente el papel político que está tomando la Corte Suprema. Luego que la Corte Constitucional fallara sobre la segunda instancia, la corte suprema criticó abiertamente la decisión y sostuvo que “deja un peligroso precedente de incertidumbre en la jurisdicción ordinaria”.

La impresión que deja es un reclamo por interferir en su pelea política con el uribismo con el pretexto de alterar la normalidad jurídica. Y no es el único precedente. Son muchos. Un ejemplo: la Corte Suprema eligió como nuevo magistrado a Hugo Quintero Bernate, quien había trinado abiertamente contra Uribe acusándolo, entre tantas cosas, de querer organizar grupos armados colectivos como los de Venezuela en Colombia. Otro ejemplo: durante un debate sobre la necesidad de ratificar que el abuso de menores no puede estar amparado dentro de la JEP, un senador de izquierda muy conocido señaló que la propuesta podría generar incertidumbre en un escenario donde no se contara con un equilibrio favorable en la corte suprema.

¿Puede sentirse el uribismo tranquilo con una Corte Suprema así? Uno de los procesos de paz más importantes que tiene que hacer el país para alcanzar una normalidad política que consolide la democracia es entre Uribe y la Corte Suprema. De otro modo, en el largo plazo la Justicia puede convertirse en un botín político para neutralizar a los opositores.

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